La creciente preocupación de parte de las bibliotecas populares, en particular, y del sector cultural, en general, no es novedad.

En todo el país son más de 1.200 las bibliotecas registradas en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y el aporte del Estado Nacional es fundamental para que sigan abiertas y prestando un importante servicio a la comunidad.

Es por eso que el sector comenzó a organizarse con tiempo, antes que caduque el fondo especial que las sostiene, el 31 de diciembre de 2022, como quedó establecido en las modificaciones que se le hicieron a la Ley 27.432, en 2017. La desaparición de este fondo, conformado por el “gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos”, aumenta exponencialmente el riesgo de cierre definitivo de muchas bibliotecas.

Y es esto lo que sucederá, si no se deroga el inciso B del Artículo 4 de la Ley 27.432, que establece que “las asignaciones específicas que rigen a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, previstas en el marco de los tributos que se enumeran a continuación, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive”.

En este marco, el concejal Luis Castillo (Gualeguaychú entre Todos) presentó un proyecto de resolución para respaldar el reclamo de las bibliotecas populares. El bloque Creer-PJ adhirió al mismo y fue el concejal Pablo Fernández quien redobló el compromiso proponiendo una reunión con representantes de las bibliotecas de la ciudad, legisladores y legisladoras nacionales.

Si bien Juntos por el Cambio se comprometió de igual manera, sus representantes no pudieron estar en el encuentro realizado de forma virtual y presencial en el recinto del Concejo Deliberante. Sí, fueron parte de la reunión el senador provincial Jorge Maradey, el diputado nacional Marcelo Casaretto y su par Carolina Gaillard. Además de representantes de los tres bloques legislativos locales y la viceintendenta Lorena Arrozogaray.

Esta última destacó que, minutos antes de la conexión virtual con Gualeguaychú, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación había dado dictamen de mayoría a un proyecto de ley, impulsado por el Frente de Todos, que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga por 50 años de ciertos impuestos con asignación específica.

La iniciativa fue acompañada por un amplio arco político, que incluyó al oficialismo representado por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y de Trabajadores, y varios interbloques provinciales. Sólo el interbloque Juntos por el Cambio planteó un dictamen de minoría.
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