La actividad contó con la organización del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), pero no participaron representantes del Frente Amplio ni del Partido Digital, que habían sido invitados.
En la mesa indicaron que el conflicto radica en las “enormes diferencias entre las ventajas comparativas declaradas en la instalación de la planta y los estudios realizados por movimientos sociales”.
El sector también realizó especial énfasis en “el impacto de la calidad del agua superficial y subterránea, que ya se encuentra comprometida en todo el país, el trazado del Ferrocarril Central, y el modelo de intensificación forestal con suelos erosionados y contaminados por el uso de fertilizantes, el monocultivo y la extranjerización de la tierra”.
Advertencias
El primero en realizar uso de la palabra fue el líder del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, quien expresó que el pueblo debería oponerse a UPM 2. Advirtió que el río Negro, sobre el cual se ubicará la nueva planta de celulosa, tiene un caudal diez veces menor que el río Uruguay, y ello significaría “la extinción del río en un breve plazo”.Dijo que el vertido de fósforo, que es altamente contaminante, por ser puro, agravará los problemas de la presencia de cianobacterias en las costas uruguayas.
A su turno Ofelia Gillespie, del Partido Independiente, calificó de “maquiavélico” el contrato entre el Gobierno y UPM para la instalación de la nueva planta de celulosa. Remarcó que el incremento de la contaminación es más que obvio, también cuestionó el trazado de las vías férreas a lo cual definió como un “horror”, porque además de todo trasladará elementos volátiles en el marco del transporte de productos químicos.
Con posterioridad, Elizabeth Gómez, del Partido Colorado, manifestó que el Gobierno se refirió a las externalidades positivas como “los puestos de trabajo, el movimiento económico y el cobro de impuestos”. Sin embargo, remarcó que “esta megaconcesión generará impactos muy grandes en el territorio nacional” en la cual, además, el Estado tiene arte y parte”.
Expresó que UPM 2 dejará una “deuda en cuanto al medioambiente”, y lamentó que “luego de que las aguas se contaminan es muy difícil volver atrás”. Habló del “empecinamiento” del Ejecutivo de realizar las cosas “como quiso y a puertas cerradas”, además del Legislativo de no controlar, y de los partidos políticos que prácticamente no hablaron en la campaña política.
Por su parte, desde el Partido Verde Animalista, María Magdalena Álvarez, hizo referencia a que ejecutar el proyecto UPM es un “suicidio ecológico, un ecocidio”. Agregó que las floraciones de cianobacterias que llegaron hasta las costas oceánicas “muestran que el equilibrio ecológico está muy alterado y se está ante una altera máxima y a ello se quiere agregar la contaminación de las papeleras”.
Desde el Partido de los Trabajadores, Lucía Siola, cuestionó que en el proceso de la forestación “también tiene responsabilidad el conjunto de los partidos y dijo que es un “modelo económico de saqueo y contaminación”. El contrato de UPM 2 es “completamente colonial, porque el Estado está subsidiando la ganancia de la multinacional”.
Con posterioridad, Carlos Pérez, por Unidad Popular, dijo que existen oposiciones al contrato, al trazado de las vías y a que se desplace la terminal portuaria. Remarcó que UP se opone al modelo del “agronegocio celulósico forestal y a todo el modelo neoliberal que está detrás del proyecto, porque se entrega la soberanía nacional y el país se somete al sistema financiero”.
Nicolás Quintana, integrante del Partido de la Gente, cuestionó que su colectividad no se ha pronunciado sobre la iniciativa. Habló del “impacto de la unión, porque UMP 2 ha logrado unir a los políticos del país, ya que todos están a favor”. Cuestionó que el país pondrá “4 mil millones de dólares y quedará condenado para siempre”.
A su turno Araceli Desiderio, de Cabildo Abierto, se refirió a la necesidad de actuar sin demora en: el impacto ambiental (calidad de las aguas de ríos y subterráneas, efectos del pasaje del ferrocarril y en el puerto de Montevideo), evaluación financiera (obligaciones asumidas por Uruguay, costo de obra y de inversión y control del Estado sobre infraestructura), y legal (revisión independiente y transparente de contratos firmados y rentabilidad social).
El cierre de la actividad estuvo a cargo de la senadora nacionalista Carol Aviaga quien remarcó que la premisa es cuidar el agua. Indicó que el río Negro “ya tiene graves problemas, está totalmente contaminado, y en vez de empezar a tomar medidas para solucionarlo, se autoriza una nueva planta, con todos los cuestionamientos científicos que existen”.
“A pesar de todas las alertas se ha seguido adelante sin generar instancias de revisión. Hubo un secretismo absoluto y no existió apertura hacia la sociedad”, lamentó la legisladora.
Fuente: Diario LR21
