El texto establece hasta el 30 de junio de 2021 (prorrogable por 180) la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la provincia, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado y la normal prestación de los servicios públicos".
Mediante la nueva normativa, el gobierno de Gustavo Bordet pretende “asegurar el cumplimiento de funciones inherentes a la Administración consistente en el sostenimiento y fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad, los servicios públicos esenciales y el cumplimiento de las obligaciones del Estado de acuerdo al principio de equilibrio presupuestario”.
En ese marco, busca “procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial” y “fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema”.
Para cumplir con las metas de la Ley, la Legislatura autorizó al Ejecutivo a generar impuestos para los bancos, productores de 1.000 hectáreas, farmacéuticas y, sobre todo, a congelar los regímenes especiales de trabajadores públicos, aumentar los aportes personales de trabajadores públicos a la Caja de Jubilaciones y poner en marcha un descuento a los haberes de jubilados provinciales que ganan más de 75000 pesos, para sustentar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Vale remarcar que Jubilados, estatales, judiciales, docentes y productores salieron al unísono con un claro posicionamiento en contra la normativa que ajusta los ingresos del sector medio y trabajador entrerriano. En ese marco, calificaron la iniciativa como un “brutal ajuste sobre la clase trabajadora”, por lo que se declararon en estado de alerta y movilización y pusieron en marcha un plan de acción que se profundizaría conforme se vaya concretando la salida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
