El aumento de la litigiosidad impacta en la calidad de servicio que brinda el único Juzgado que existe, que ya no da abasto.

La legisladora aseguró que Victoria está en “una clara desventaja” con respecto a otras ciudades si se hace una comparación entre cantidad de habitantes y número de juzgados.

La imperiosa creación de este nuevo Juzgado responde principalmente al “aumento de la litigiosidad” que se registró en los últimos años y a “la necesidad de garantizar a la comunidad un servicio de justicia más ágil y eficiente a los efectos de lograr una tutela efectiva de los derechos de la población”, afirmó Jaroslavsky en los fundamentos de la iniciativa.

En tal sentido, manifestó que actualmente la ciudad de Victoria cuenta con un Juzgado Civil y Comercial, pero como tiene una competencia “multifuero” allí se tramitan innumerables tipos de causas, tales como juicios ejecutivos, concursos y quiebras, procesos laborales, procesos sucesorios, juicios ordinarios, acciones reales y posesorias, juicios de desalojo, apremios fiscales provinciales y municipales, violencia de género y revisión de sentencias de los juzgados de paz, entre otros.

Ello obedece, entre otros motivos, a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (año 2015), que generó muchas dudas y conflictos relacionados a su aplicación, y una creciente conflictividad vinculada a accidentes, cuestiones laborales, ambientales y de género, entre otras.

A su vez, la apertura del enlace vial que une a Victoria con Rosario generó un gran crecimiento poblacional de la ciudad y un consecuente aumento de casos de litigio, situación que requiere de una justicia ágil, efectiva y especializada, especialmente en la materia laboral y violencia de género.

Las proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 arrojan una estimación de 40.279 habitantes para este año y “esto pone en evidencia una clara desventaja con otras ciudades si se compara la relación entre la cantidad de habitantes y el número de juzgados”, advirtió Jaroslavsky.

A modo de ejemplo, dijo que en Concepción del Uruguay hay un juzgado cada 16.788 habitantes, en Gualeguaychú uno cada 18.243, en Concordia uno cada 17.003 y en Paraná un juzgado cada 24.280 habitantes.

No solo Victoria queda en desventaja en relación a las ciudades más grandes de la provincia, sino también a otras localidades similares o más pequeñas: en Villaguay hay un juzgado cada 23.482 habitantes, en Nogoyá uno cada 19.513 y en Gualeguay 17.294.

Entre marzo de 2021 y febrero de 2022 en el Juzgado existente en Victoria se iniciaron 522 causas, indicó la legisladora radical, quién consideró que “el cúmulo de tareas que desarrolla es exorbitante” y esto tiene “una fuerte incidencia en la calidad del servicio de justicia que se presta a la población”.

En este marco, Jaroslavsky afirmó que la creación de un nuevo Juzgado “no sólo responde a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un eficiente acceso a la justicia en plazos razonables, sino también al interés general de resguardar los derechos de los trabajadores judiciales”.

Finalmente, dijo que Victoria no resulta ajena a la realidad regional de aumento de litigiosidad, lo que motivó que la Legislatura Provincial haya creado juzgados en distintas ciudades, como Nogoyá, Gualeguay, Feliciano y La Paz, entre otras.
¿Qué dice el proyecto?
La iniciativa dispone la creación de un nuevo Juzgado en lo Civil y Comercial en la ciudad de Victoria y también establece que se creen una serie de cargos para permitir su funcionamiento: un cargo de Juez de Primera Instancia en Io Civil y Comercial, un cargo de Secretario, uno de Jefe de Despacho, un cargo de Oficial Mayor, uno de Oficial Principal, otro de Oficial Auxiliar, un cargo de Escribiente Mayor, otro de Escribiente y uno de Segunda.

El proyecto determina que se incluya en el Presupuesto General de la Provincia correspondiente al ejercicio 2023 los cargos y partidas presupuestarios pertinentes, en acuerdo a los requerimientos que realice el Superior Tribunal de Justicia.

También establece que se autorice al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones, adecuaciones y restauraciones en el Presupuesto General de la Provincia a los fines de cumplimentar lo establecido en la norma.
Entre Ríos
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