La Municipalidad de Gualeguaychú no adherirá a ley provincial Nº 10.932 de Residencias Gerontológicas de Larga Estadía, elaborada por los ministerios de Salud y Desarrollo Social; normativa que busca tipificar y reglamentar las prestaciones de los comúnmente llamados geriátricos.

La negativa estuvo dada por algunos concejales del piaggismo en la última reunión de Comisiones Conjuntas del Concejo Deliberante, quitando así la posibilidad a la Municipalidad de tener injerencia directa sobre el control de las condiciones y hábitats adecuados de los adultos mayores.

El proyecto de adhesión, que había partido del bloque de Juntos por el Cambio, se vio entorpecido por el voto en disidencia de los concejales Juan Boari, Hernán Ayala, Susana Villamonte y Exequiel Quinteros.

Desde Juntos por el Cambio manifestaron su malestar ante la negativa oficialista que “deja a los abuelos sin el compromiso municipal de control de las residencias. Hoy hay un casi nulo contralor de las condiciones edilicias, de salubridad y de atención. Desde 2017 que venimos bregando por el involucramiento de la Municipalidad en este sentido sin obtener respuestas. La ley actual permite adherir y ser parte de un proceso que lleve a mejorar la vida de los abuelos, pero a esta gestión parece no interesarle su situación”, criticaron.

Los ediles agregaron que en la última reunión de Comisiones Conjuntas “el proyecto de adhesión contó con el aval de nuestro bloque, del concejal Luis Castillo del vecinalismo y de Sofía Ghiglione y Selva Chesini del oficialismo. También en principio iba a contar con el voto de Juan Boari, pero al momento de levantar la mano cambió de opinión frustrando su aprobación. De esta manera, los concejales más cercanos al intendente negaron el despacho de la iniciativa y, por ende, rechazaron el primer paso hacia la intervención municipal sobre las residencias para abuelos. Ahora a la responsabilidad por inacción del Ejecutivo se suma parte del cuerpo legislativo”, detallaron.

En este sentido, Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa manifestaron que impedir la adhesión a la ley “es una clara demostración de desprecio por la situación de los adultos mayores, ya que pudiendo ser un engranaje directo, local y visible territorialmente para la aplicación de las normas que deben regir a las residencias gerontológicas, se opta por no hacer nada”, opinaron.

Al tiempo que remarcaron que “no se trata de intervenir para cerrar los geriátricos, pero si para intimar a cumplir con las condiciones mínimas exigibles. Ha habido varias denuncias sobre el estado de algunos lugares y resulta necesario el involucramiento de la Municipalidad. Sabemos que el Estado provincial no puede controlar a todos y por eso se habilitan los convenios con los municipios”.

“Si bien es cierto que la ley 10.932 establece que aquellos establecimientos destinados a Residencias Gerontológicas, antes de solicitar la habilitación provincial deberán contar con la habilitación edilicia, comercial y específica del municipio de su jurisdicción, eso no contempla un control posterior. Es una cuestión de forma como pasa con cualquier otro emprendimiento”, explicaron.

Por último, recalcaron el “llamativo silencio” del área de Adultos Mayores sobre este tema, como así también la postura negativa de Boari y Villamonte “quienes están vinculados a la salud y entienden claramente los beneficios de la injerencia municipal en el cuidado y atención de nuestros abuelos. Lamentablemente de forma periódica nos topamos con noticias de siniestros en residencias de abuelos que se llevan la vida de los mismos. Eso sucede, básicamente, por falta de controles. Gualeguaychú no está exenta de esa precariedad y el desentendimiento de esta gestión es una bomba de tiempo”, finalizaron.
Trabas en el Concejo Deliberante
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