Además, indicó que junto a su colega Candelario Pérez, impugnaron dos pruebas ofrecidas por la Fiscalía: un informe de empresas telefónicas sobre contactos de los acusados que probarían contrataciones amañadas; y un informe de un perito del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, aseguró que los fiscales no probaron los hechos que le endilgan al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados y que “el Ministerio Público Fiscal no está en condiciones de llevar a juicio esta causa, porque no tiene argumentos. Ante un juez imparcial, el Ministerio Público Fiscal va a pasar un momento difícil”.
La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
El viernes 6 de septiembre comenzó la discusión en Tribunales sobre la elevación de la causa a juicio. El pedido de remitir el caso a debate oral y público fue formulado por los abogados Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano.
En tanto, los defensores de los acusados pidieron el sobreseimiento. El juez que entiende en el trámite es Ricardo Bonazzolla, que en la primera audiencia rechazó la solicitud de los defensores y adelantó que el caso será enviado a juicio. Ahora, las partes ingresaron en la etapa de control probatoria, donde discuten sobre la prueba que será llevada a juicio.
En diálogo con el programa Puro Cuento de 88.1, el abogado Raúl Barrandeguy, que defiende a Urribarri, comentó: “Nosotros, lo primero que planteamos fue oponernos a la elevación a juicio y pedir el sobreseimiento. Y el juez nos adelantó que no iba a hacer lugar al pedido”.
Y agregó que plantearon objeciones a la prueba con que la Fiscalía pretende juzgar a Urribarri. En ese sentido, indicó que se fijó una ampliación final de la audiencia para este viernes, a las 11, cuando el juez Bonazzola concluirá con el trámite al dar su resolución integral, que incluirá las impugnaciones de prueba y los pedidos de pericia propuestos por los defensores.
Barrandeguy señaló además que la causa es muy compleja, y detalló que “debe haber unos 3 mil documentos principales, y debe haber registros e informes con documentos anexos”.
“Nosotros habremos examinado 3 mil documentos. Es una causa difícil y compleja. La experiencia que tiene el proceso penal en la Argentina suele durar años,”, agregó y remarcó que en el eventual juicio habrá “muchísimos testigos y documentos” para ponderar.
El abogado del exgobernador refirió que a la audiencia del viernes van con una certeza: el rechazo al sobreseimiento y la elevación de la causa a juicio, que determinó el juez el viernes pasado. En ese sentido, sostuvo que “ya hicimos la reserva de practicar los recursos que correspondan”, en referencia a que apelarán la resolución. “Ya tenemos preparada la fundamentación de la apelación”, anunció.
Prueba impugnada
Barrandeguy explicó que impugnaron dos pruebas ofrecidas por la Fiscalía para incorporar en el juicio. Por un lado, los informes de las empresas telefónicas de los imputados; y por otro, los informes informáticos de un perito. A su entender ambas pruebas son usadas “de forma exagerada” por la Fiscalía.“Respecto de los informes telefónicos, hemos planteado la defensa de la intimidad. Este tipo de intromisión en la intimidad solamente la puede resolver un juez y en este caso lo han resuelto algunos agentes de la Fiscalía. No ha sido el juez natural el que resolvió el levantamiento de la trabas a la intimidad”, aseveró.
En esa línea, también manifestó que existe una violación a las disposiciones del Código Procesal Penal “que dice que las pericias se encargan a peritos del Superior Tribunal, no a empelados dependientes del Ministerio Público Fiscal”.
En ese marco, refirió que el abogado Guillermo Vartorelli “propuso una pericia informática y la Fiscalía se ha opuesto extrañamente”. “Traen pericia en cantidad realizada por personal dependiente y cuando se trata de hacer una pericia con todas las de la ley, se oponen”, cuestionó.
“Por otro lado, -puntualizó enseguida- cuando se disponen las pericias las defensas tenemos el derecho de proponer un perito contralor, para que vigile y examine como procede este perito que sería oficial. Además tenemos la posibilidad de plantear nuestros propios puntos de pericia, cosa que fueron eludidos con estos informes periciales”.
Barrandeguy refirió que esperan que el juez Bonazzola “no admita este tipo de prueba que son gravemente violatorio del derecho de defensa” y adelantó que en caso de una resolución en contra “tenemos el derecho que esto lo revise un Tribunal de Apelaciones”.
Al finalizar, aseguró que los hechos que se le endilgan a Urribarri “no se probaron” y que “el Ministerio Público Fiscal no está en condiciones de llevar a juicio esta causa, porque no tiene argumentos. Ante un juez imparcial, el Ministerio Público Fiscal va a pasar un momento difícil”.
Acusados
Además de Urribarri, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.
Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Fuente: Radio Costa Paraná/Entre Ríos Ahora
