En una audiencia que presidieron Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, los abogados Raúl Barrandeguy e Ignacio Díaz, defensores del ex gobernador Sergio Urribarri y el ex secretario de Comunicación, Pedro Báez, reiteraron la excepción por falta de acción en el marco de la causa por negociaciones incompatibles con la función pública que investiga irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la administración urribarrista.

Los defensores plantearon nuevamente la apelación del procesamiento y la posterior elevación a juicio de la causa, hasta tanto se decida el desafuero de los legisladores.

Desde la Fiscalía, Mónica Carmona y Gonzalo Badano, solicitaron que se rechace el recurso de apelación y plantearon que los fueros “no son un privilegio de los legisladores” y que ello no implica la imposibilidad de dar continuidad al proceso penal. “En ninguno de los actos de este proceso se ha intentado someter a los legisladores en su libertad ni en su función legislativa” ni tampoco “se ha impedido ni se impedirá el desempeño como legisladores”.

Junto con Urribarri y Báez está imputado el empresario Germán Buffa, titular de Global Means S.A., en un proceso judicial que se desarrolla por el viejo código procesal penal y que, desde la denuncia del ex legislador Jorge D’Agostino a esta parte, ya lleva unos cinco años de antigüedad.

La causa en la que deben responder inició en 2013 tras una denuncia que acusaba el uso de excepción y el pago previo, antes de la cotización, para publicidad, “violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos -los pagos- fueron de mayor valor”. Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA.

D´Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó un millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500 mil pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.

Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271 mil pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800 mil pesos.

Fuente: Análisis Digital
Justicia Causa Publicidad Oficial
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