Francisco Alvarez

La educación, ese derecho olvidado

Los recientes dichos del presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, respecto de la dificultad que encontró la empresa para incorporar 200 operarios con secundario completo, resulta un excelente disparador para un debate que está ausente en gran parte de la dirigencia política y mucho más aún en el gobierno.

Si bien el ejemplo da cuenta de una situación en la provincia de Buenos Aires, es tranquilamente trasladable a la mayoría del país, y donde Gualeguaychú y Entre Ríos, obviamente no están exentas.

La complejísima situación de la educación puede haberse agudizado con la pandemia, pero de ninguna manera nació con ésta. El nivel de abandono escolar en la Argentina es escalofriante. De cada dos estudiantes que ingresan al secundario en primer año, uno no lo finaliza durante el período de duración teórica de la carrera. En 2020, 1 de cada 4 chicos de barrios pobres dejó la escuela.

Pero hay más. Según reveló en 2019 el programa de evaluaciones PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 52 por ciento de los alumnos secundarios de la Argentina no logra comprender lo que lee.

Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, sostiene que "las estadísticas son bien descriptivas del continuo deterioro que viene sufriendo la educación en la Argentina, lo cual proyecta un futuro extremadamente difícil. Este nos habla de una baja en la calidad democrática del país, de un mayor nivel de desigualdad y de un aumento de la pobreza, en tanto es la educación la mejor herramienta para combatirla".

Este panorama, profundamente desolador deja en evidencia el fracaso rotundo de la política para dotar a nuestros jóvenes de herramientas, conocimientos y estrategias de fondo para encarar lo que viene.

Ahora bien ¿qué se hace desde los gobiernos para combatir esa espiral que se deglute el futuro de nuestros chicos? Aparentemente muy poco, pero con serios agravantes: se invisibiliza el problema; se discuten aspectos de cotillón como el lenguaje inclusivo y se invierte sin priorizar lo importante.

Entendamos, más allá de la escala de responsabilidades, que el problema es de todos. Estado, pedagogos, docentes, padres y alumnos, todos cargan una cuota de protagonismo de la debacle en la que estamos inmersos.

Con ello, no pretendo igualar incumbencias y responsabilidades, pero la ineptitud del Estado, el deterioro de contenidos, la flexibilidad de lo sancionatorio, el escaso acompañamiento familiar, la ausencia de incentivos para el que se esfuerza, las discusiones vacuas sobre escribir y hablar con “e” o “x”, los escándalos de algunos padres ante las malas notas de sus hijos, edificios escolares impresentables, la increíble escasez de conectividad digital y de materiales, todo conspira contra una educación a la altura de lo que el país necesita.

Para colmo, nuestros gobernantes se pasan repitiendo clichés, eslóganes vacíos que sólo aspiran a reforzar un relato propagandístico que no tiene anclaje en la realidad. Gritan a los cuatro vientos que son “ampliadores de derechos”, pero nadie atina a saber a cuáles se refieren, ya que la educación, el trabajo, la salud y el respeto por la institucionalidad van en caída libre sin que asome ningún atisbo de cambio.

No hay nada más igualatorio y democratizante que la escuela. A su vez, la educación es una herramienta formidable para ayudar a pensar. Tal vez sea esto último lo que genere temores en algunos sectores del poder político. Pero de lo que sí no caben dudas y escapa a todo tipo de especulación, es que este escenario hipoteca, día a día, el porvenir de nuestros chicos, y por ende, de la nación toda.

Francisco Alvarez es el presidente del Nuevo Espacio de Gchú., partido integrante de ETER y de Juntos por Entre Ríos

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