Antes se había mantenido un encuentro con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y otros funcionarios, que dieron precisiones a los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias acerca de las medidas vinculadas con la producción ganadera y su exportación.
En el Consejo Directivo se consideraron las precisiones técnicas específicas de las políticas y se compartieron las manifestaciones vertidas en la reunión con el Ministerio de Agricultura, tras lo cual los integrantes del CDC analizaron el impacto en los pequeños y medianos productores ganaderos que representa la entidad.
Finalmente, concluyeron que “si bien desde lo discursivo, las medidas parecen ir en la dirección correcta, en cuanto a que los funcionarios aseguran que buscan transparentar la actividad, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y controlar la evasión, el momento en que se anunciaron -en que los productores realizan la zafra- produjo una baja en el precio del kilo vivo que perjudica a los pequeños y medianos productores especialmente”.
Al respecto, se coincidió en que “ya en varias oportunidades los anuncios y/o títulos de medidas para el sector parecieron adecuados desde el relato, pero su aplicación redundó en más y mayor concentración, con la consecuente expulsión de productores de menor escala del circuito productivo”.
Asimismo, se destacó que, pese a encontrarse todos los canales de diálogo abiertos y a que se sostienen conversaciones cotidianas con las autoridades, “una vez más los anuncios y las decisiones se han tomado intempestivamente, sin consulta a los productores”.
Es decir que, otra vez, se enteraron por los medios y/o por el Boletín Oficial de las medidas implementadas. Esto generó mucho malestar entre las bases y luego se manifestó en una declaración de alerta de la CEEA, con un pedido de audiencia con diversos ministros. Solo después de eso, las autoridades accedieron a reunirse con los representantes de los productores para dar explicaciones sobre las medidas y sus alcances.
Por todo lo analizado, el CDC de FAA decidió “mantenerse en estado de alerta y monitoreo permanente ante las reiteradas declaraciones contradictorias y poco claras que generan malestar en los productores”.
“Como se dijo, ya muchas veces ha sucedido que los anuncios van en una dirección y las aplicaciones concretas de las medidas, en otra, resultando siempre perjudicados los mismos: los pequeños y medianos productores”, sostuvieron
En este sentido, destacaron que esperan que “se puedan dar pasos reales en la recuperación de los ganaderos de menor escala y no se avance en mecanismos ya conocidos, arbitrarios y discrecionales que han logrado sostener o acrecentar la producción, a través de la concentración en menos manos (y más poderosas)”.
Esta situación se ha profundizado en el marco de la pandemia, con una inflación sostenida y expresada en una creciente crisis económica, que no sólo afecta a los productores sino también que impacta fuertemente sobre los consumidores, cuyo poder adquisitivo disminuyó, por lo que se deprimió el consumo interno.
Finalmente, remarcaron que, en lugar de seguir generando nuevas trabas para el sector, se debieran resolver las muchas demandas pendientes. Por eso se señaló que “se necesitan políticas públicas diferenciadas para los pequeños y medianos productores que incentiven la producción y frenen la desaparición de federados del circuito productivo”.
Asimismo, expresaron su alerta ante la demora en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar (fundamental para favorecer el desarrollo rural) y en la regulación de los arrendamientos que garanticen el acceso a la tierra.
Además, destacaron que se deben promover líneas crediticias acordes a las necesidades de los chacareros; reclamaron por el pago de la compensación de retenciones en granos que aún faltan devolver y por una nueva política de segmentación para las mismas.
Fuente: APF.
