La medida sería hasta que "cumpla" con los requisitos ambientales bajo los cuales fue autorizada, informó Raúl Viñas, vocero de Movus.
Viñas informó que un alguacil le entregó una citación a UPM para que la compañía se presente a la audiencia que se llevará adelante el próximo jueves de tarde.
El vocero dijo que UPM "se está llevando por delante todas nuestras reglamentaciones ambientales y se está llevando por delante todo lo que el Uruguay le dice que haga y hace lo que quiere".
Ahora, la empresa "tendrá" que presentarse a la audiencia, situación que "no había sucedido nunca en un tema ambiental, es una novedad en nuestra jurisprudencia", agregó Viñas.
Desde Movus esperan que la jueza decida que la empresa "no puede seguir con sus obras hasta que no termine sus estudios ambientales". La magistrada podría dar la orden ese día de que se detengan las obras de UPM 2 o puede tomarse un poco tiempo más para definir qué camino seguir.
Más allá de que entienden que la planta de UPM "es negativa" para Uruguay, Viñas destacó: "No estamos pidiendo que UPM se vaya, estamos diciendo que UPM cumpla con lo que se le mandó a hacer hace un año y medio y que no hizo. Hasta que no lo cumpla no puede seguir con la construcción de la planta, hay que paralizar la construcción de la planta", agregó.
El movimiento ambientalista denunció en un comunicado que UPM "sobrepasó el 'plazo máximo de seis meses' para cumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada, el 14 de mayo de 2019, la Autorización Ambiental Previa a la planta de celulosa y la zona franca proyectadas".
Movus señaló que UPM "inició" la construcción de la planta de celulosa "sin" la "línea de base" del Plan de Monitoreo Ambiental "hará que no se puedan evaluar después sus impactos reales". Además, critican que la empresa finlandesa no ha cumplido con otra "condición fundamental".
Se trata de "garantizar la dilución de 107 millones de litros de efluentes, que la planta de celulosa volcará en el río todos los días". Sobre los efluentes, se dispuso que "la zona de mezcla no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro", la cual "no ha sido completada".
"Somos conscientes de que una decisión como la solicitada ante la Justicia afectará la actividad de los trabajadores y de las empresas involucradas en este proyecto, pero no nos cabe duda tampoco de que por encima de esas circunstancias están los intereses del Uruguay todo y la salvaguarda de las condiciones que aseguren el futuro para nuestros hijos y nietos, en un país solidario y soberano, con un medio ambiente sano", habían indicado desde Movus el jueves pasado en dicho comunicado.
Fuente: El País
