La Justicia dio lugar a la medida cautelar de no innovar interpuesta por el Municipio, en el marco del reclamo ambiental de un grupo de vecinos que se oponen a la instalación de una torre de antena de telefonía en un inmueble en zona de Pueblo Nuevo, en un domicilio ubicado en Florencio Sánchez y Churruarín.

Desde la Municipalidad se avanzó mediante la vía administrativa, agotando todas las instancias permitidas. Ante la decisión de la empresa de continuar pese a todas las resoluciones administrativas de suspensión y clausuras de obras, el equipo legal y técnico municipal recurrió a la vía judicial para detener de manera definitiva la obra.

Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de Concepción del Uruguay, resolvió este miércoles dar lugar a la medida cautelar interpuesta por la Municipalidad, a la vez que ordenó "hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación la medida cautelar de no innovar decretada ut supra a fin de que se abstenga de acordar licencia, autorización y/o permiso para instalar antena de telecomunicaciones y/o retransmitir comunicaciones por intermedio de antenas en la torre (infraestructura pasiva para telecomunicaciones) ubicada en el domicilio de calle Florencio Sánchez n° 860 de la ciudad de Gualeguaychú".
A continuación, la disposición judicial:
"MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU C/ GME PICO SRL Y OTRA S/ MEDIDA CAUTELAR", EXPTE. N° 1736/CU. Concepción del Uruguay, 20 de mayo de 2020. VISTOS:

Estos autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU C/ GME PICO SRL Y OTRA S/ MEDIDA CAUTELAR", EXPTE. N° 1736/CU" traídos a despacho para resolver; y,

RESULTA: I. Los Dres. Mariano José Fiorotto, Hernán Leonel Castillo y Leandro Oscar Carrazza, invocando la representación de la Municipalidad de Gualeguaychú, mediante escrito agregado a f. 8 y vta.; promovieron ante esta Cámara una medida cautelar que tiene por objeto obtener la prohibición de la utilización de la torre soporte con antenas o sistemas de comunicación por parte de la empresa demandada "GME PICO SRL", con domicilio en calle Av. del Libertador n.° 6248/50 1° piso de CABA, ello hasta tanto se resuelva la demanda principal iniciada contra ella.

Refirieron que iniciaron contra la firma supra denunciada y contra la Sra. Silvana Marisa Stragñeri, domiciliada en la ciudad de Gualeguaychú, ejecución judicial del Decreto n.° 3738/2019 DEM de fecha 3/9/2019 que dispuso el desmantelamiento y/o demolición de la torre (infraestructura pasiva para telecomunicaciones) instalada en el domicilio Florencio Sáchez n.° 860 (F. Sánchez y Churruarin), nomenclatura catastral: Dpto. ciudad, Dpto. Gualeguaychú, Lote n.° 1, Sección n.° 3 manzana 703, partida n.° 003423/7, matrícula n.° 119.167, planta urbana, de titularidad de la Sra. Silvana Marisa Stragneri.

Relataron que fueron advertidos por un grupo de vecinos sobre la instalación de una torre de antena de telefonía en un inmueble de la zona, más precisamente en barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Gualeguaychú (zona de calle Florencio Sánchez y Churruarín).

En el entendimiento que dicha obra civil implicaría un grave riesgo físico a los vecinos, en fecha 9/4/2019, la Dirección de Planeamiento del municipio intimó a la titular del inmueble, Sra. Stragñeri, el cese inmediato de la obra hasta tanto se regularice su situación (expte. adm. n.° 342/2019).

Por tal motivo, destacaron que la empresa GME PICO SRL luego de haber comenzado la construcción de la torre y en un estado avanzado de obra, inició en fecha 11/4/2019 el expte. administrativo n.° 05-000342-2019 caratulado: "GME PICO SRL (30715952781) EMPLAZAMIENTO ANTENA", peticionando la factibilidad del uso del suelo y permiso de obra para la habilitación de antena para la instalación de una infraestructura pasiva de telecomunicaciones según Decreto n.° 1060/2017, lo que fue denegado por el Director de Planeamiento municipal, por no adecuarse a la Ordenanza n.° 11326/2009.

Continuaron su relato refiriendo que, al no acatar la empresa lo resuelto, se labró acta de infracción n.° 14940 disponiendo su clausura. Destacaron que, al constatarse el trabajo de los operarios en el lugar, el DEM dictó el Decreto n.° 3738/2019 del 3/9/2019 intimando a los demandados al cese de la obra y al desmantelamiento y/o demolición de la infraestructura pasiva para telecomunicaciones instalada, bajo apercibimientos de ser realizado por el Municipio de Gualeguaychú y a costa de los obligados.

Manifestaron que de darse este último supuesto y tratándose de una propiedad privada, se requeriría de la autorización y auxilio de la fuerza pública ante sede judicial.

Referenciaron que contra el Decreto n.° 3738/2019 la demandada interpuso recurso de revocatoria, el que fue denegado mediante Resolución n.° 122/2019, la que se encontraría firme.

Añadieron que al constatarse en fecha 17/10/2019 que no se había dado cumplimiento a lo ordenado, los habitantes de la zona iniciaron el expte. n.° 4082/2019, impetrando el cese de suministro de energía eléctrica sobre la calle mencionada.

Arguyeron que el grave riesgo que conlleva una obra civil de tamaña estructura, con más de 30 metros de altura, generaría un riesgo inminente de posibles daños sobre la integridad física y/o en la salud de los habitantes de la zona cercana al predio, esta última densamente poblada. Entendieron acreditada la procedencia de la medida cautelar, conforme lo previsto en los arts. 27 y 28 de la Ley 7061.

Fundaron la verosimilitud del derecho, la cual surgiría del Decreto n.° 3738/2019, la Resolución n.° 122/2019 y el expediente n.° 342/2019 y, el peligro en la demora, en los riesgos para la integridad física y salud de los vecinos que implicaría poner en funcionamiento las antenas de telecomunicaciones en la mencionada torre.

Ofrecieron prueba y fundaron en derecho.

II. A f. 9 obra informe actuarial que da cuenta del previo inicio de los autos “Municipalidad de San José de Gualeguaychú c/ GME PICO SRL y Otra s/ Contencioso Administrativo” Expediente N°1658/CU.

III. Requerida la opinión del Ministerio Público Fiscal, se expidió el Sr. Fiscal de Cámara interino, Dr. Alejandro J. Bonnín a ff. 11/14. Liminarmente refirió a la competencia de este Tribunal para entender en los presentes, destacando que los derechos comprometidos y la solución del litigio exigirá la aplicación exclusiva o prioritaria del derecho público, más específicamente, administrativo y municipal.

En segundo lugar, propició desestimar el pedido de la medida de no innovar formulada por el Municipio de San José de Gualeguaychú.

Entendió que el Municipio no necesita del auxilio judicial para llevar a cabo la demolición de la obra (art. 107 inc. f) Ley n.° 10027), siendo una facultad incluida dentro del campo de su poder de policía administrativa. Por los fundamentos expuestos, consideró que el pedido cautelar deviene superfluo e improcedente. A f. 15 se ordenó pasar los autos a despacho para resolver.

CONSIDERANDO: Resumidos en prieta síntesis los antecedentes fáctico-jurídicos en los que encuentra apoyo el remedio cautelar interesado, corresponde señalar que el actor en nombre de la Municipalidad de Gualeguaychú peticiona una medida cautelar autónoma de carácter prohibitivo por cuanto el objeto pretensional implica prohibir la realización de una determinada conducta a la empresa demandada -en concreto la prohibición de que la demandada GME PICO SRL utilice la torre soporte ubicada en la locación denunciada, con antenas o sistemas de comunicación de cualquier índole, como así mismo poner en funcionamiento las antenas de telecomunicaciones mencionadas-.

En cuanto a la regulación de la tutela cautelar, el CPA en su Capítulo IV establece que pueden solicitarse en cualquier estado del juicio y aun antes de que se declare expedita la vía judicial, estableciendo el art. 28° que cuando la solicitud provenga de la administración pública, la decisión administrativa que motiva la acción será título bastante para decretar las medidas a que se refiere el artículo 27°.

En nuestro régimen jurídico por principio los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad y validez, adquiriendo de este modo ejecutividad, eficacia y fuerza ejecutoria, produciendo en principio todos sus efectos. Por dicha razón tiene distinto tratamiento la cautelar según sea peticionada por un particular contra el estado o por la administración pública contra el particular.

La solución brindada por el legislador entrerriano refleja estar en línea con el diseño federal. Resalta Treacy que en la ley de medidas cautelares, las reglas para obtener la tutela cautelar en favor del Estado se flexibilizan. Con referencia a la tutela del art. 17 Ley 26854, se ha dicho con razón que el propósito de la medida es brindar una protección urgente contra actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos (cfr. TREACY, Guillermo "Las medidas cautelares y la administración pública: la difícil conciliación del interés público con el interés privado", en BALBÍN, Carlos F. (Dir.), Proceso contencioso administrativo federal, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014, Tomo I, p. 623).

No obstante, ha de advertirse que no basta con la simple presentación de "título" para acordar la medida, toda vez que, como se ha dicho con rigurosidad, en materia de medidas cautelares solicitadas por el Estado, "... la cuestión del interés público tiene un tratamiento distinto pues, precisamente, la acción judicial y el pedido cautelar tienden a preservarlo" (cfr. VALLEFÍN, Carlos A., Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas, Ad Hoc, Buenos Aires, 2013, p. 115).

Por consiguiente, a pesar del silencio de la ley en este aspecto, es claro que la autoridad pública que solicita la tutela cautelar deberá acreditar sumariamente la existencia de un interés público preponderante que justifica, en cada caso, la provisoria anticipación de la tutela judicial (cfr. PADRÓS, Ramiro Simón, "Medidas cautelares. Causas en las que es parte o interviene el Estado nacional", en CICERO, Nidia Karina (Dir.), Derecho administrativo. Legislación usual comentada, La Ley, 2015, Tomo II, p. 1068); con mayor precisión, "el fin público que justifica la protección cautelar debe vincularse directamente, y no de un modo superficial o genérico, con la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley, la regular prestación de los servicios públicos, o la ejecución de actividades de interés común de la sociedad que resultan de impostergable satisfacción en el caso concreto" (Padrós, cit., p. 1069).

Sobre el punto se observa que el Municipio de Gualeguaychú, en ejercicio del poder de policía de ordenación, ordenó, con base en el resultado de un procedimiento infraccional firme, el cese de obras y desmantelamiento de una torre propiedad de la incidentada, acordando un plazo para su efectivización.

Invocando la falta de atención por parte de la destinataria a lo ordenado, exige del Tribunal se dicte una cautelar a fin de que se impida poner en funcionamiento las antenas de telecomunicaciones en la torre a demoler, interín se produce su desmantelamiento, ante el riesgo de posibles daños sobre la integridad física y/o salud de los habitantes de la zona.

No cabe duda entonces que el interés público aparece comprometido con verosimilitud suficiente como para acceder a la tutela cautelar interesada que, bueno resulta enfatizar, no está dirigida a proteger al Estado sino el interés de la comunidad, en el caso, la salud y seguridad de la población. A tal fin, cabe liminarmente señalar que la prohibición de innovar puede resumirse como la orden dada al destinatario de la medida que tiene por objeto mantener el statu quo existente, o no modificar la situación imperante al momento que indique su despacho.

En consecuencia, con fundamento en lo normado en el art. 28° ambos de la Ley 7061, corresponde hacer lugar a lo peticionado por la Municipalidad de Gualeguaychú a través de sus apoderados, y en consecuencia dictar la medida de no innovar interesada.

Sin perjuicio de lo expuesto, no está demás recordar que la legislación ritual habilita al Tribunal a decretar fundadamente cualquier otra medida precautoria y/o redireccionar los alcances de la medida impetrada con el fin de acordar idoneidad al aseguramiento provisorio del derecho en litigio (cfr. art. 33 CPA).

Por consiguiente, y en aras de la idoneidad legalmente perseguida, corresponde hacer saber a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación la medida cautelar de no innovar decretada ut supra a fin de que se abstenga de acordar licencia, autorización y/o permiso para instalar antena de telecomunicaciones y/o retransmitir comunicaciones por intermedio de antenas en la torre (infraestructura pasiva para telecomunicaciones) ubicada en el domicilio de calle Florencio Sánchez n° 860 de la ciudad de Gualeguaychú y cuyos datos catastrales se han suficientemente identificado en autos, autorizando a los Letrados representantes de la incidentante a diligenciar el despacho a librarse.

La Dra. Erramuspe hace uso del derecho de abstención previsto en el art. 47 de la Ley N° 6902, texto según Ley N° 9234.

Por los fundamentos expresados y lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, SE RESUELVE:

1. HACER LUGAR a la medida cautelar de no innovar interesada a f. 8 vta. por la Municipalidad de San José de Gualeguaychú contra la Empresa GME PICO SRL; y en consecuencia, PROHIBIR a dicha empresa poner en funcionamiento o la utilización de antenas de telecomunicaciones en la torre ubicada en el domicilio sito en calle Florencio Sánchez n.° 860 (F. Sánchez y Churruarin), de la ciudad de San José de Gualeguaychú.

2. HACER SABER a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación la MEDIDA DE NO INNOVAR decretada en autos a fin de que se abstenga de acordar licencia, autorización y/o permiso para instalar antena de telecomunicaciones y/o retransmitir comunicaciones por intermedio de antenas en la torre (infraestructura pasiva para telecomunicaciones) ubicada en el domicilio de calle Florencio Sánchez n° 860 de la ciudad de Gualeguaychú y cuyos datos catastrales se han suficientemente identificado en autos. A tal fin líbrese el despacho de estilo, autorizando a los Letrados representantes de la incidentante a su diligenciamiento.

3. HACER SABER a la Sra. Silvana Marisa Stragneri la MEDIDA DE NO INNOVAR decretada en autos con relación a la infraestructura para telecomunicaciones ubicada en el domicilio sito en calle Florencio Sáchez n.° 860 (F. Sánchez y Churruarin), nomenclatura catastral: Dpto. ciudad, Dpto. Gualeguaychú, Lote n.° 1, Sección n.° 3 manzana 703, partida n.° 003423/7, matrícula n.° 119.167, planta urbana, de su titularidad, mediante el libramiento de cédula ley al domicilio real.

Regístrese y notifíquese conforme arts. 1 y 4 del Acuerdo General N°15/18 del Superior Tribunal de Justicia - Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE). Oportunamente, archívese. FDO.: MARIA FERNANDA ERRAMUSPE -PRESIDENTE- ABSTENCIÓN, FEDERICO JOSE LACAVA -VOCAL-, MARIANO ALBERTO LOPEZ -VOCAL-. Ante mí: Fabiana M. Hilgert -Secretaria-.

La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N° 28/20, del 12/04/2020, Anexo IV-.
IMAGEN ILUSTRATIVA
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