El hombre fue procesado por violar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en Urdinarrain. Fue detenido por la Policía el 26 de marzo a las 20:15. La defensa apeló el procesamiento y pidió el sobreseimiento.

La Cámara Federal de Apelaciones lo rechazó y confirmó el procesamiento. En cambio, resolvió eximirlo del embargo que había dispuesto el juez instructor.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, sostuvo que “tanto los dichos del encausado -respecto de los aparentes motivos para circular- así como las postulaciones de la defensa referidas a un supuesto ‘estado de necesidad’, están desprovistos de respaldo probatorio que permita evaluar con seriedad tales extremos en esta instancia, mientras que tampoco se advierte que la conducta que se reprocha sea de aquellas amparadas en las excepciones contenidas en el artículo 2 del DNU N° 297/2020 – (que permite) ‘…desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos’”.
Resolución
Tras aquella evaluación, los magistrados resolvieron rechazar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado BT, y confirmaron su procesamiento por el presunto delito de Violación de medidas-Propagación epidemia (artículo 205) – Resistencia o desobediencia a funcionario público.

El expediente llegó a la Cámara proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Gualeguaychú, que dictó el procesamiento del trabajador rural y lo embargó por 50 mil pesos. En relación a esta última medida, los jueces declararon la nulidad del embargo por “carecer de fundamentación suficiente”.

Incluso, en la audiencia, Fiscalía acompañó el pedido de la defensa para que se lo eximiera del embargo de sus bienes por aquella suma. También ordenaron que se investigue el accionar de la Policía, puesto que el imputado sostuvo que fue víctima de un violento procedimiento y sufrió golpes.
Planteos
La defensa planteó que su asistido “no puso en riesgo la salud pública, no se encontraba en contacto con personas en la vía pública, por lo que no introdujo ni propagó la pandemia, sino que actuó conforme a derecho y su desplazamiento se encontraba autorizado por el ordenamiento jurídico vigente”.

En sentido contrario, Fiscalía entendió que el juez instructor brindó “motivos suficientes” para dictar el procesamiento de BT, el que basó en la versión de la Policía.

Así, sostuvo que la versión del acusado no fue respaldada con constancias que la confirmen. En este sentido, señaló que no resultó convincente “la receta médica que proscriba los medicamentos que manifestó que iba a comprar, ello así por cuanto se ha verificado un traslado desde otra localidad (Estación Parera) ubicada a 13 kilómetros aproximadamente y en un horario que no se caracteriza por ser ‘comercial’ (20.15), por lo que –a su entender- resulta lógico pensar que quien emprende ese desplazamiento reglado considere llevar consigo algún permiso que lo autorice”.

El fiscal destacó que el hombre “tampoco exhibió a la prevención ningún certificado o constancia que acredite su actividad laboral como productor agrícola, más allá de que dicho eximente tendría lugar sólo si hubiera estado desarrollando una actividad propia de su oficio, lo cual no se habría verificado aquí dado que –según refirió- fue a comprar víveres y medicamentos”.
Prudente
Los jueces entendieron que “con los elementos hasta ahora obrantes -detallados por el magistrado instructor- puede colegirse el obrar típico del imputado en aquella oportunidad, si bien se estima prudente que se lleven a cabo las testimoniales que restan producirse por la situación de pandemia vigente, como las propuestas por la defensa, siendo necesarias a fin de integrar cuanto asienta el acta labrada por la prevención o, en su defecto, lo manifestado por BT.

En relación a este extremo, ha de recordarse que, en todo caso, será en la etapa del juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta”.
La acusación
Al trabajador rural se le imputó “el haber circulado por la vía pública el 26 de marzo de 2020 a las 20.15 aproximadamente, en infracción del aislamiento social preventivo dispuesto en el marco del DNU N° 297/2020, precisamente en Juan Carlos Patriarca al 500, de Urdinarrain, momento en que personal policial le dio la voz de alto, ante lo que el encartado se dio a la fuga corriendo a gran velocidad trepándose a un techo de una vivienda”.

Al lugar acudió otro móvil policial en apoyo y los funcionarios se subieron “a los techos y con la utilización de linternas logran observar que BT se encontraba agazapado y oculto, por lo que se le solicitó que depusiera de su actitud y que bajara tranquilo. Ante la negativa a la orden impartida, nuevamente evadió a los funcionarios saltando del techo hacia el suelo e intentando ingresar a una casa, circunstancia en la que su paso fue franqueado por un efectivo que recibió “un fuerte empujón, cayendo al suelo y comenzando un forcejeo cuerpo a cuerpo”.

Según la acusación, el imputado continuó “con su actitud violenta arrojando al personal interviniente golpes de puños y patadas hasta finalmente lograr ser reducido”.

Fuente: El Diario
Judiciales
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