Ana Clara Pauletti

@anac_pauletti

La reforma que se propone al Consejo de la Magistratura es regresiva

El modelo de conformación actual de nuestro Consejo de la Magistratura es sin dudas uno de los mejores del país. Lo integran, un representante del Poder Ejecutivo que ejerce su presidencia, dos representantes del Colegio de la Abogacía, dos por el estamento de magistrados y funcionarios, tres profesores universitarios de universidades que otorguen en título de abogado, un representante de los empleados del Poder Judicial y dos representantes de las organizaciones sociales, profesionales y/o sindicales con personería jurídica y/o gremial, cuyo objeto social tenga vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno.

El eje de esa conformación es garantizar las condiciones más objetivas posibles de selección, ya que el Consejo, como órgano asesor, es quien propone, mediante concursos públicos y ternas vinculantes al Poder Ejecutivo provincial, la designación de integrantes de Magistratura y el Funcionariado de los Ministerios Públicos del Poder Judicial, cuyos pliegos deben ser aprobados por la Cámara de Senadores provincial.

El Proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura presentado en Cámara de Diputados de la provincia, tiene carácter regresivo, pues recortará el poder de la sociedad civil en el proceso de selección de Jueces, Fiscales y Defensores, al aumentar la representación del Poder Ejecutivo, de uno a tres miembros, deshaciendo el histórico gesto de autolimitación que dio origen a su creación. No es el único defecto que se observa del proyecto (podríamos hablar entre otros, de la irrazonabilidad de la modificación a la representación universitaria propuesta), aunque sí es el más grave en términos de involución de la institución.

En su momento, el Consejo de la Magistratura implicó que el poder político recortó su discrecionalidad, estableciendo un sistema de concursos públicos de antecedentes y oposición -a la postre receptado constitucionalmente-, en pos de asegurar a la ciudadanía, el acceso en condiciones de igualdad, de los mejores y más idóneos candidatos a la magistratura judicial, derivando en un salto cualitativo en la calidad e independencia de la justicia.

El aumento de representantes del Poder Ejecutivo no está dirigido a continuar esa senda, sino a recuperar para el poder político una facultad que sabiamente fue otorgada a la sociedad civil, siendo que ese fue el espíritu de la Convención Constituyente de 2008.

Si se busca contribuir a mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, debería consultarse la opinión de sus integrantes y entidades que representan. Podría así repararse, en que la ausencia de celeridad de los concursos es un problema serio, del que el proyecto pudo ocuparse, asignando por ejemplo, los recursos necesarios para revertir su lentitud.

Cuando se sospecha que la independencia judicial es un problema para quienes ejercen el poder, este tipo de iniciativas vienen a acentuar la preocupación acerca del riesgo que corre el estado de derecho y el funcionamiento democrático y republicano de gobierno.

Lograr una Mejor Justicia, debe ser un objetivo de todos. No es ese el que parece inspirar el proyecto de reforma aludido.

Ana Clara Pauletti es Vocal de la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, candidata a Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial por la Lista Mejor Justicia.

Fuente: Análisis

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