Rodrigo Ghoner

@rodrigo_gohner

Las libertades en nuestra Constitución

En la llamada doctrina de división de poderes encontramos la distribución del poder estatal, cuya tarea se le ha asignado a los diferentes órganos gubernamentales, que componen el – Estado- aplicando diferentes técnicas y mecanismos de control.

Esta teoría que se remonta a finales del siglo XVIII, como diseño arquitectónico tuvo participación de múltiples intelectuales como John Locke, Montesquieu, Rousseau, entre otros, cuyo aporte y legado subsiste hasta nuestra actualidad. Vale aclarar que esta teoría pura fue perfeccionándose con el paso del tiempo con autores surgidos en los Estados Unidos de América, que sistematizaron con mayor precisión la teoría del control.

Este andamiaje puede ser criticado, como toda creación del hombre que por esencia está ceñida de defectos y limitaciones, pero: ¿hay acaso alguna creación perfecta del hombre?

Resulta sumamente importante establecer esos lineamientos históricos para poder comprender nuestro “sistema presidencialista”, que no es ningún descubrimiento de quien fue encargado de dar vida a nuestra Constitución Nacional, nada más ni nada menos que Juan Bautista Alberdi, sino que es creación del país ubicado en el Norte de América.

La práctica constitucional nos revela, que cuando el ejercicio del poder se instrumenta de manera abusiva o de manera menos apropiada, invadiendo áreas que competen a otros poderes, que por cierto vale aclarar son independientes, desembocan en el ejercicio abusivo del poder político, tal como ocurrió sobre los gobiernos que gravitaron a finales de siglo XX, en los países de Europa, caracterizados por el autoritarismo y cercenamiento a los diferentes géneros que integran las libertades.

Ahora bien, es relevante establecer estas aclaraciones, para que no sean tomadas como simples opiniones abstractas y como meros juicio de valor, sino como los antecedentes inmediatos de las diferentes áreas que competen al gobierno. Entre estas áreas que competen al gobierno encontramos el Poder Ejecutivo, el encargado de ejecutar las leyes del Congreso, y las sentencias de los Magistrados Judiciales.

El Presidente quien encabeza la titularidad del Poder Ejecutivo es también a quien le compete, en su liderazgo político, la conducción de las relaciones exteriores, participa en la sanción de las leyes, y otras funciones que son atribuidas por la Constitución, entre las cuales encontramos el Decreto, que es una forma que tiene el presidente reglamentar normas o de legislar en determinadas circunstancias.

Dicho todo esto, es momento de hacernos una pregunta con una amplia relevancia, sobre lo que nos toca atravesar a lo largo de los próximos días:
¿Es constitucional el confinamiento que instrumenta el presidente?

En este aspecto muchos constitucionalistas han realizado una serie de críticas, dado que en principio el Congreso se encuentra en su pleno funcionamiento y que podría dar un normal curso a la sanción de las leyes. Si bien el presidente se encuentra autorizado para sancionar Decretos de Necesidad y Urgencia, se aprecia en la exteriorización de la voluntad una medida un tanto arbitraria, caprichosa y abusiva por quienes son expertos en el tema, señalándolo como “una especie de manotazo de ahogado” frente a malas negociaciones, a la falta de aptitud suficiente en el manejo de la pandemia y a un alto grado de irresponsabilidad.

El presidente encuentra tales facultades en lo que se denomina – Poder de Policía – este poder tiene como finalidad establecer el bienestar general, garantizando la salud pública, el orden público, la moralidad, y la seguridad jurídica.

Pero este poder, no es absoluto, sino que encuentra sus limitaciones en la misma Constitución, sistematizada en una serie de principios: Ellos son:
- Legalidad: porque nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe,
- Igualdad: tal principio actúa como nivelador al momento de aplicar la ley, y por último
- Razonabilidad: para no evitar la desnaturalización de los derechos. En caso contrario se estaría vulnerado La libertad de trabajar y comercializar, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino.

Es la Constitución el instrumento jurídico donde encontramos las facultades y los límites que le confieren a cada órgano, el ejercicio abusivo de ellos no debe ser aceptado con normalidad, la norma suprema nos deja un precepto sumamente valioso que establece, “los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

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