Este jueves, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la Corte dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos [STJER]que había rechazado la acción de amparo interpuesta por un vecino de Gualeguaychú con el objeto de que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción de un proyecto inmobiliario en el barrio náutico de Pueblo Belgrano.
Leissa precisó que "llegar a este punto demandó un largo recorrido desde aquella resolución del juez Rafael Arnolfi que reconoció la ilegalidad de Amarras por la falta de aptitud ambiental y de un estudio de impacto ambiental previo; luego el Superior Tribunal revocó esa medida siguiendo lo que postulaba Amarras más que lo argumentado por la ley de protección del ambiente. Después el juez Leonardo Portela de Gualeguaychú se expresó en la misma sintonía que Arnolfi y reconoció la ilegalidad del proyecto".
"IMPRUDENTE E INFANTIL" ACTITUD DE DAVICO
"Amarras es ilegal y eso lo demuestra la falta de apego a la normativa vigente. Si bien el fallo no se expide sobre un desmantelamiento de las obras, ordenó que la Justicia entrerriana dicte un nuevo fallo acorde con lo que dijo la Corte, es decir, que Amarra es ilegal".Sobre la posición del Municipio de Pueblo Belgrano y de la gestión del intendente Mauricio Davico que siempre apoyó la instalación del barrio náutico, Leissa aseguró que "el comportamiento de ese Municipio fue un disparate absoluto, una cosa sin sentido común, sin racionalidad ni apego a la ley. Es un comportamiento imprudente e infantil, no hay postura racional que se entienda".
El abogado patrocinante de la denuncia opinó que "la Secretaría de Ambiente de la provincia y la Dirección de Hidráulica actuaron con titubeos, mal, aceptando los hechos consumados para que Amarras avance. Hay que tener en cuenta que el proyecto modificó el valle de inundación y que se iba a alterar el curso del río Gualeguaychú, cosa que está absolutamente prohibida".
"El fallo del máximo órgano de la Nación ratificó la ilegalidad con la que ha desarrollado su proyecto esta empresa y sin respetar el derecho ambiental vigente", cerró Luis Leissa.
