En primer lugar, Barrandeguy aseguró que la clave para entender los hechos sobre los cuales se puso la lupa es el derecho administrativo, materia sobre la cual los integrantes del Ministerio Público Fiscal demostraron no saber “absolutamente nada”.
Durante un largo tramo de su intervención describió cómo los organismos de control no hicieron observaciones sobre los elementos donde la Fiscalía identificó posibles delitos. Y realzó el valor de lo dictaminado por estos entes subrayando que desde la reforma constitucional de 2008 ganaron en autonomía e independencia para actuar.
Del mismo modo, consignó que las cuentas generales de los ejercicios donde ocurrieron los hechos investigados fueron aprobados por la Legislatura sin que haya habido ningún señalamiento por parte de la Tesorería General, ni la Contaduría General ni tampoco de las fuerzas opositoras que los tuvieron a la vista.
El letrado marcó que, en las elevaciones a juicio de las causas, a Urribarri se le habían solicitado 8 años de prisión. Pero en lo alegatos finales, la acusación pidió 12 pese a no tener “ni un elemento para descargar” una variación de ese tipo.
Pérez, por su parte, hizo un racconto de los hitos centrales de la acusación y de los legajos investigativos sobre los que fue marcando errores e inconsistencias. Una de las más importantes fue cuando indicó que el MPF acusaba a Urribarri y también al exministro de Comunicación Pedro Báez de haber sustraído dinero de una partida presupuestaria para atender gastos de la campaña política del ex gobernador.
Al respecto, resaltó que “sustraer” no es una palabra que se ajuste a la ejecución presupuestaria, ya que el Estado no maneja dinero tangible que haya podido llegar a manos de los acusados para ser derivados a otro destino. Todos los gastos de la Administración Pública se manejan con procedimientos preestablecidos, consignó.
Otro elemento sobre el que llamó la atención fue que la acusación sostuvo que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, utilizaba como “testaferros” a su esposa, Luciana Almada, al cuñado Alejandro Almada y a sus amigos de la infancia Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, quienes figuraban como titulares legales de las empresas TEP y Next, que para el MPF eran una mascarada para detraer fondos públicos a través de la publicidad oficial en vía pública.
El letrado comentó que para que exista un “testaferro” debe existir un contradocumento que acredite quién es el dueño real de los bienes. O un testimonio que así lo acredite. Pero, remarcó, Fiscalía no pudo llevar a juicio ninguna de esas evidencias, no pudo confirmar que los Almada, Giacopuzzi y Sena eran “prestanombres” de Aguilera. Fue una figura traída al caso de forma “artificiosa”, definió el letrado.
Pero el punto más fuerte de su intervención se dio cuando citó un párrafo de la denuncia ante Fiscalía que dio origen a la investigación sobre TEP y Next y el allanamiento posterior. Para este último procedimiento, el Ministerio Fiscal corrió a la Policía de Entre Ríos y pidió el auxilio de la Policía Federal.
Al concluir, Barrandeguy interpeló al Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón. “Tenemos una expectativa enorme en el fallo. Supera largamente las que hemos tenido en otros juicios importantes durante toda nuestra trayectoria profesional. Está fincada en que la defensa del Estado de Derecho, de nuestra Democracia, de nuestra República, no requiere más presos. Requiere más razones. Esperamos que nos acompañen en este razonamiento”.
La etapa de alegatos quedó cerrada con esta exposición. El jueves próximo se concretarán las respuestas de Fiscalía a los argumentos defensivos (réplicas) y, de inmediato, las dúplicas o contestación de las defensas a la contraargumentación acusatoria. Está previsto que el lunes los imputados comiencen a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase a debatir el fallo. Urribarri sería el primero en hacer uso de este derecho.
Fuente: APF Digital
