En el transcurso de las últimas dos semanas, el fiscal coordinador Lisandro Beherán reanudó el proceso jurídico en la causa por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Se trata de la investigación conocida como “causa Larroque” donde se busca determinar si fue correcto o no el proceso de asfaltado de 14 cuadras por contratación directa y sin licitación previa.

Beherán, a cargo de la causa, confirmó a R2820 que ya indagó al actual diputado provincial, Raúl Riganti; el ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Larroque y candidato a Intendente, Leonardo Hassell; Norberto Marchesini, ex secretario de Hacienda, y Juan Carlos Rochelle que se desempeñaba como secretario de Obras Públicas de la Comuna hasta 2015.

Sin embargo, se aplazó para las semanas subsiguientes la indagatoria al directivo de la empresa Organización Industrial Construcciones S.A., Néstor Herenú, que atraviesa un cuadro postoperatorio y ni bien tenga la autorización médica viajará a Gualeguaychú para declarar en la Investigación Penal Preparatoria.
LOS HECHOS
La causa Nº2.358/16 caratulada “Benedetti, Héctor Darío S/su denuncia”, se inició en 2016, por posibles sobreprecios en un proyecto para el asfaltado de 14 cuadras durante la segunda gestión de Riganti al frente a la Comuna de Larroque.

El proceso se reabrió este mes tras fracasar el intento de elevación a juicio ya que el Juez de Garantías, Tobías Podestá, entendió que hubo formulaciones acusatorias incorrectas sin distinguir específicamente el rol y las imputaciones entre los ex funcionarios y propietarios de la contratista OIC SA.

En su momento, a Riganti, Hassell y Marchesini se les adjudicó la figura de coautores. En tanto, Rochelle y Hereñú fueron acusados como partícipe necesario por la “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública [la Municipalidad de Larroque]bajo la modalidad defraudatoria”.

La obra fue cuestionada luego de una auditoría interna en el Municipio porque fue adjudicada en forma directa por un simple concurso de precios entre tres empresas y sin licitación pública. La ganadora fue OIC SA por 13 millones de pesos, es decir, cada cuadra costaba cerca de 1 millón de pesos. El sobreprecio que se denunció en 2016 rondó hasta un 150 por ciento más del valor real de la obra y se habrían facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales.

El proyecto fue financiado por el Ministerio de Planificación de la Nación, entonces a cargo de Julio De Vido, quién celebró un convenio con Riganti en mayo de 2015, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda, para la construcción del asfalto por un monto de 21,6 millones de pesos.
La auditoría externa cuestionó algunos datos:
- Hubo una "puesta en escena" en el concurso de precios donde OIC SA cotizó la cifra más baja y contrató el seguro de caución de su oferta el 17 de abril de 2015, esto es, 54 días antes del Decreto que llamó a concurso de precios y fijó el presupuesto oficial.

- En el pliego elaborado en Larroque se usaron planos de Colonia Avellaneda, departamento Paraná, "pese a estar firmados por el subsecretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Larroque y referirse a una obra de este municipio".

- "Los correos electrónicos son enviados [desde la Comuna de Larroque invitando al concurso de precios]el viernes 19 de junio de 2015 a las 11.11 am y 11.17 am, cuando la apertura de sobres estaba fijada para el lunes 22 de junio de 2015 a las 11 horas, es decir el primer día hábil siguiente", lo haría imposible lograr conformar una oferta seria en un fin de semana.
Causa Larroque Justicia
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