Los productores entrerrianos volverán a movilizarse contra la vigencia de un fallo que establece límites de mil metros para las aplicaciones de agroquímicos terrestres alrededor de una escuela y de 3 mil metros para las pulverizaciones aéreas.

Es que vuelve a estar vigente ese fallo luego de que el juez Virgilio Galanti declaró “parcialmente inconstitucional” el decretó que elaboró el gobierno provincial para ordenar las aplicaciones terrestres y aéreas en Entre Ríos.

Galanti tomó esta decisión a partir del recurso de amparo que presentaron contra el decreto el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Como el gobierno provincial apeló este fallo, la decisión final volverá a estar en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que en enero ya falló a favor de los ambientalistas.

“En estas condiciones es imposible producir. Una persona que vive en una ciudad debe considerar que no nos dejan utilizar ningún producto en diez cuadras a la redonda, para aplicaciones terrestres, y 30 cuadras para una aérea”, advirtió Mariela Gallinger, presidenta de la filial Crespo de Federación Agraria Argentina (FAA).

La decisión judicial de declarar “parcialmente inconstitucional” el decreto del gobierno entrerriano volvió a poner en vigencia el fallo del juez Oscar Benedetto, de octubre de 2018, que es el que estableció las distancias de mil metros para pulverizaciones terrestres y 3 mil para las aéreas alrededor de una escuela.

“Estimamos que esto implica dejar improductivas 300 mil hectáreas sólo si consideramos las aplicaciones terrestres, una superficie equivalente a todo el trigo que se sembró el año pasado en la provincia”, precisó Gallinger.

El decreto del gobierno provincial, que había entrado en vigencia en agosto, establecía límites a las pulverizaciones variables (entre 100 y 500 metros) de acuerdo al tipo de producto. También creaba unidades centinelas cerca de las escuelas y cortinas forestales alrededor de los mil establecimientos educativos que hay en la zona rural de la provincia. En líneas generales, los productores estaban conformes con este decreto y comenzaron a sembrar el maíz en este escenario jurídico.

“La decisión judicial nos perjudica gravemente. Es peor que la resolución 125, que te quitaba el 35 por ciento, en este caso no podés hacer nada en tus lotes”, insistió Gallinger.

Para los productores esto sucede porque la justicia falla de acuerdo al “humor social” de la gente en las ciudades y sin tomar en cuenta los estudios del INTA y el Ministerio de Salud de la provincia. Luego de esta nueva apelación de la provincia, en las próximos días se conocerá la decisión del Tribunal Superior de Entre Ríos.

Además de las charlas en escuelas y reuniones con legisladores, los productores también habilitaron la opción de apoyar su reclamo en la plataforma change.

Fuente: AIM
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