El juez federal Claudio Bonadío dispuso en las últimas horas que un grupo de empresarios vinculados a la obra pública declaren en la causa que investiga los cuadernos de las coimas, según informaron fuentes judiciales.

Las indagatorias comenzarán el 20 de febrero y, según se informó, también deberá presentarse la expresidenta Cristina Kirchner y funcionarios kirchneristas.

No obstante, ese día, entre otros empresarios, deberán presentarse los entrerrianos Luis y Gabriel Losi, padre e hijo; mientras que el 22 de febrero deberá hacerlo Mario José Maxit, y el 26 de febrero será el tuno de José Luis Pitón y Daniel Claudio Pitón.

En total, Bonadío citó a 101 personas, que a un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día, comenzarán a declarar el 20 de febrero, hasta cerrar el ciclo con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

El detalle de quienes fueron citados por Bonadío fue difundido en las últimas horas. Entre los nombres hay cinco entrerrianos: los paranaenses Luis y Gabriel Losi; Mario José Maxit (cuyo nombre figuró en la lista de aportante de fondos de la campaña del kirchnerismo en 2007, y quien pertenecería a una familia oriunda de Concepción del Uruguay), y los gualeyos José y Daniel Pitón.

Por tercera vez, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa de los cuadernos de las coimas. El juez Claudio Bonadío dispuso un nuevo llamado a indagatoria para la ex mandataria y también para un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Además, deberán declarar nuevamente por este tramo de la causa los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, entre otros.

La ex presidenta deberá presentarse el 25 de febrero, un día antes de que -si sus pedidos no prosperan- comience el juicio oral en su contra por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez.

Según entiende el juez, es porque lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la administración pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Para determinar cómo estaba armada esa organización, Bonadío tomó indagatorias a ex funcionarios y empresarios que participaron o conocían el área de las concesiones y subsidios al transporte y los corredores viales.

Con la información recabada, el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Varios empresarios también deberán comparecer ante la Justicia otra vez. El listado está conformado por Carlos Wagner, Juan Chediack (ambos ex titulares de la Cámara Argentina de la Construcción) y Ángelo Calcaterra, entre otros. Volverán a Comodoro Py todos los empresarios ya indagados en la primera parte de la causa. Las indagatorias comenzarán el 20 de este mes y De Vido será el último en declarar.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía De Vido.

Cuando firmó el procesamiento de la ex presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que comenzó con el ex presidente Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora.

Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Poder Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

Por tal motivo, el juez de la causa volvió a citarla a indagatoria para que responda "por nuevos hechos corroborados en su contra", indicaron fuentes judiciales.

Fuente: Clarín/La Nación/Infobae
Justicia Federal Causa por Corrupción

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