Este mecanismo, más conocido como "dólar-soja", es cierto que permite a los productores que tengan saldos de granos de soja no vendidos antes, liquidarlos y obtener un mayor precio durante este mes.
Con todo, el nuevo precio temporario ofrecido sigue lejos del precio internacional, además de ser previo a la aplicación de los derechos de exportación de 33 por ciento.
Por su parte, el Banco Central, a través de la Comunicación "A" 7609, decretó hace unos días que los productores que hayan accedido a este beneficio no podrán acceder a la compra de dólar bursátil -CCL o MEP- ni al "dólar ahorro". Luego aclaró que la medida no alcanza a las personas físicas, sino a las empresas.
Ante todo, queda claro que se desconoce la estructura del sector agropecuario, donde muchos de los establecimientos productivos son personas jurídicas, y no personas físicas. Con lo cual, la medida cambia las condiciones del Programa de Incremento Exportador.
Esto se suma al comunicado previo donde el Banco Central fijó la tasa mínima para el financiamiento a productores, que mantengan un stock de soja superior a 5 por ciento de su producción, en el equivalente a 120 por ciento de la tasa de Política Monetaria vigente, medida que contradice el estímulo del dólar-soja. Y otro comunicado de este mes ha prorrogado las restricciones a las importaciones por dos meses más, hasta fin de año, aumentando la incertidumbre sobre el precio y la disponibilidad de insumos y fertilizantes importados.
Desde CRA nos preguntamos cómo se está coordinando la política económica, y que clase de señales se quieren transmitir desde el gobierno para restablecer la confianza de los productores, y de la población en general. El permanente cambio en las reglas de juego sólo genera más desconfianza, menos inversión, y, en definitiva, perjudica los incentivos para la siembra y la producción, y por ende la oferta futura de divisas de la próxima campaña, que ha sido el objetivo del gobierno con el Programa de Incremento Exportador.
