.El titular de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama), Eduardo Andrés, dijo ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que, cuando UPM anunció en 2005 la instalación de su primera planta en Uruguay, él no apoyaba su construcción.
Incluso, reconoció que “era enemigo de ella”, ya que sus convicciones técnicas le hacían pensar que las pasteras contaminarían el país.
Sin embargo, aseguró que luego de comenzar a trabajar en el organismo estatal su percepción cambió y que “si bien a veces le genera dudas” entiende que, tras analizar el estudio de impacto ambiental y de cumplirse todos los requisitos previstos, el río Negro no se vería afectado.
Sus dichos no pasaron desapercibidos en el ámbito político y causaron revuelo entre los actores del sector. Esta semana Andrés dijo a Búsqueda que sus expresiones “fueron un error”, producidas en parte por el “apuro” de la disertación. “Fue un error de principiante. Yo no soy político. No es que tengo miedo, es que indudablemente surgen dudas. Yo era muy reacio a este proyecto, como muchos uruguayos, y me apoyaba en mi formación y experiencia. Pero hoy el proyecto me satisface”, afirmó.
Según dijo, las dudas refieren a cómo se concretará la instalación de la planta, la construcción o la puesta en marcha de su plan de gestión. “Son procesos que, cada uno en sí mismo, tienen una cantidad de actividades y condiciones. Nos están apurando, pero lo vamos a hacer en el tiempo que consideremos, entendiendo que Uruguay se comprometió —por voluntad política— a que, si no cumplía determinados requisitos en tiempo y forma, el país tendría que enfrentar multas económicas tremendas”, afirmó el director.
Eso, agregó, es algo que “condiciona” el trabajo de la Dinama. Por un lado, quieren evitar que el país deba pagar multas por demoras excesivas en las autorizaciones. Por otro lado, “buscamos que lo que hagamos sea bueno para el país. Eso genera no temor, pero sí una responsabilidad que a veces te preocupa demasiado. Pensás: ‘No llego’; pero tengo que llegar y a la vez cumplir con los requisitos”, indicó Andrés.
Según el jerarca, desde hace al menos cuatro semanas técnicos y autoridades trabajan arduamente y como prioridad en el megaproyecto de UPM, algo que prevé se extienda al menos hasta mediados del año que viene.
Controles
“Los controles ambientales planteados actualmente son adecuados y cubren todas las áreas que consideramos sensibles”, sostuvo Andrés. Además, los valores que se tomarán en cuenta para controlar el impacto de UPM en los cursos de agua son básicamente los nutrientes, los cuales “no son parámetros tóxicos”, pero sí ocasionan un problema de crecimiento de las algas.El biólogo especializado en ecología Néstor Mazzeo, integrante del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad y docente del Centro Universitario Regional del Este (CURE, Udelar), dijo a Búsqueda que uno de los aspectos fundamentales es que la nueva planta de UPM2 se instalará en un cuerpo de agua que ya tiene problemas de calidad relativos principalmente a la eutrofización —enriquecimiento excesivo de nutrientes—. Es por eso que su construcción plantea un gran desafío al agregarle presión adicional a un sistema ya golpeado, explicó.
De todas formas, opinó que en los últimos años se produjo una importante acumulación de conocimiento debido al monitoreo de la primera planta de UPM, lo que constituyó “un salto gigantesco” que “hizo que los controles ambientales mejoraran mucho”.
“Previo a su llegada no teníamos ese nivel de seguimiento, tanto en la cantidad de parámetros analizados como en la frecuencia, por eso creo que cuando esté pronto UPM2 se podrá incorporar toda esa experiencia previa”, opinó. Para el biólogo, hoy el nivel de monitoreo que tienen estas plantas es casi único, por lo que eso no sería un aspecto preocupante.
Sin embargo, para Mazzeo el gran desafío que enfrenta el país en relación a este tema se vincula con la transformación del uso de suelo y a cuánta área se destina a la forestación. En esa línea, dijo que Uruguay debe comenzar a planificar teniendo en cuenta el impacto en todos los sectores económicos, de forma que “exista una sinergia y no una interferencia entre los sistemas productivos”.
“Obviamente, UPM2 se instala en el río Negro porque hay una masa importante de cultivos forestales al norte. Pero la pregunta sería: fuera de lo que ya está plantado, ¿qué área forestal adicional requiere esta planta y de qué magnitud?”, cuestionó.
Pensar a escala nacional cuál es el área que el país debería destinar a la forestación para maximizar el rendimiento y la interacción con otros sectores como la agricultura o la ganadería es un “punto crítico” para el científico, algo que a su entender hoy no está claro.
“El gran tema es qué tan reversible es abandonar la forestación y que los suelos retomen su uso anterior. Hoy no tenemos evidencia robusta como para contestar esa pregunta y es algo en lo que el país debería concentrarse”, afirmó.
Recientemente, el geógrafo Agustín Urtiaga presentó una tesis de grado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Dirigida por Ismael Díaz, el estudio Potenciales impactos territoriales de la expansión forestal asociada a UPM2 buscó, a partir de los rendimientos actuales y de lo que UPM2 asegura que va a tener como producción media (2,1 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa), hacer una estimación de cuál sería la superficie forestal necesaria para abastecer esa nueva planta sin comprometer a las otras dos.
Según dijo Díaz a Búsqueda, el trabajo también analiza cuál sería el lugar donde debería forestarse y determina qué impacto causaría ese avance. En ese sentido, aseguró que el estudio llega como resultado a que se necesitaría una superficie muy superior a la que informó la empresa en diferentes comunicaciones.
El estudio sugiere que el funcionamiento de UPM2 “implicaría una expansión forestal de 200 mil hectáreas”, distribuidas principalmente sobre el departamento de Durazno, representando un incremento del 15 por ciento de la superficie forestal actual. Sin embargo, esta cifra, que surge de estimaciones realizadas con información estadística agropecuaria y entrevistas, “no es concordante con las estimaciones de los principales actores implicados”, afirma el documento.
Es que el manifiesto público de UPM2 difundido en 2019 y la Sociedad de Productores Forestales de Uruguay proyectan un crecimiento de la superficie forestal menor, al estimar un escenario de expansión de entre 60 mil y 90 mil hectáreas en 10 años “sin una propuesta rigurosa en cuanto a su localización”, explica la tesis.
Además, el estudio observa “una reducción general del número de explotaciones agropecuarias —en especial aquellas asociadas a la producción familiar—, una tendencia a la precarización laboral mediante el aumento de trabajadores jornaleros y la afectación de 30 especies prioritarias para la conservación”, entre otras cosas.
Respecto a este tema, el titular de la Dinama explicó que la forestación en relación con la planta de UPM fue uno de los aspectos centrales en el estudio de impacto y aseguró que hoy las áreas con prioridad forestal son más de las que se necesita.
“Hay un aumento de 30 mil hectáreas que ya está planteado, y es el que se va a a llevar a cabo para continuar con esta planta después de los primeros 10 años. Habrá un crecimiento adicional, pero va a ser paulatino y no se va a superar el área establecida como prioridad forestal”, dijo Andrés.
Según el director, incluso actualmente buscan establecer ciertos requisitos para la forestación en suelos que, si bien son de prioridad forestal, tienen una mejor capacidad agrícola, como una medida alternativa de disminución de esa actividad. “No lo hacemos porque no haya suelos, sino por una visión conservacionista. No estoy de acuerdo con los datos de ese estudio, indudablemente podría haber un margen de diferencia, pero no el doble”, señaló.
En mayo el diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, presentó un proyecto que propone limitar y regular la actividad forestal para evitar que se realice fuera de zonas adecuadas. La propuesta establece que se foreste exclusivamente en las áreas definidas como suelos de prioridad forestal que no superen el índice de productividad Coneat de 76. Además, proponen que la superficie esté como mínimo a 300 metros de los cursos de agua, obliga a la rotación entre cultivos y le da a la Dinama un papel protagónico.
Consultado sobre el proyecto, Andrés aseguró que “se está manejando” y que “no es ajeno a la conversación con el ministro”.
Actualmente, los emprendimientos mayores a 100 hectáreas requieren de un estudio de impacto para ser aprobados, pero desde Cabildo Abierto propusieron, entre otras cosas, que las plantaciones menores a esa superficie también requieran ese análisis.
“Lo tenemos en cuenta, pero hay que considerar una cantidad de aspectos vinculados, como los costos de la implantación o del estudio. Son muchos los parámetros a considerar cuando uno exige una reglamentación que sea realmente aplicable”, indicó.
Fuente: Búsqueda
