El Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) Nº 2 de Rosario condenó a prisión perpetua a seis genocidas, por cometer delitos de lesa humanidad. El resto de los acusados recibieron penas de 16 a 22 años de prisión.

Las penas de perpetua fueron para José Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Alcides Ibarra, José Carlos Scoterchini, Ramón Rito Vergara y Ernesto Vallejo. Eduardo Dougour y Héctor Gianola deberán cumplir 22 años de cárcel. A su vez, condenaron a 18 y 16 años de prisión respectivamente a Eduardo Fermoselle y Lucio César Nast.

En este juicio, por el caso de Eduardo Raúl “Mencho” Germano, entrerriano detenido-desparecido en Rosario, el Tribunal encontró responsables a José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Alcides Ibarra.

Asimismo, a Lo Fiego y Marcote también se le sumaron los delitos de “violaciones agravadas” en perjuicio de dos detenidas políticas, una de ellas militante y oriunda de Entre Ríos, informó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La causa fue denominada Feced III y IV y juzgó el accionar de la banda que actuó en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones de la ciudad de Rosario.
El caso Germano
Eduardo Germano, militante de la organización Montoneros, nació el 20 de febrero de 1958, en Villaguay (Entre Ríos). En julio de 1976 fue detenido durante nueve días en el centro clandestino de detención del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército en Paraná. Una vez en libertad se trasladó a Rosario.

A los 18 años fue detenido nuevamente y desaparecido, en Rosario, el 17 de diciembre de 1976, un día antes de un encuentro previsto con sus padres.

Años después se supo que fue torturado en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionaba en los sótanos de la Jefatura de Policía de Rosario conocido como El Pozo, en instalaciones del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II.

Los restos de Germano fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y restituidos a sus familiares en 2014. Estaban en una de las 123 tumbas exhumadas por el EAAF en 2011, en el cementerio de La Piedad de Rosario, donde se hacían enterramientos de asesinados en falsos enfrentamientos fraguados por la dictadura.
Reparación histórica
Antes de dar a conocer el veredicto, la presidenta del TOCF, Liliana Carnero, leyó el siguiente texto consensuado por el Tribunal:

“Estos sucesos, además de configurar la categoría de delitos más severamente penados en el orden jurídico internacional, constituyeron una de las etapas más oscuras en la historia de nuestra República, absolutamente descalificables desde el plano moral, ético y humano, contrario a los principios e ideales que inspiran y fundan a toda sociedad civilizada y, lamentablemente, viciaron gran parte del funcionamiento de las instituciones de nuestra sociedad en aquel momento: fuerzas de seguridad, Iglesia, Poder Judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc.

Por lo cual, esta sentencia también debe servir como reparación histórica a las víctimas enumeradas en el veredicto contra quienes encuadraron de forma coordinada casi todas las instituciones en aquella nefasta época de la historia de nuestro país.

Asimismo, estos sucesos trágicos nos imponen una reflexión, una autocrítica como sociedad por haber permitido que se llegase a tal extremo de barbarie e irracionalidad para que en el futuro no se repita esa tragedia.

Esta reconstrucción histórica nos debe servir para recordar a diario que la vida en sociedad jamás puede dejar de ser democrática, plural, inclusiva y tolerante de la divergencia y de la opinión contraria.

A su vez, es necesario instar al Estado por la búsqueda o intentar dilucidar el destino final de las víctimas aún desaparecidas”.

Fuente: Diario Uno
Derechos Humanos Justicia
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