Friends of the Earth, New Wind Association, Emmaus Aurinkotehdas y ATTAC de Finlandia denunciaron los impactos negativos del contrato de inversión firmado por UPM para la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay y apelan a los gobiernos de Finlandia y Uruguay a que cumplan las obligaciones asumidas bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales guiados por el organismo de la ONU autorizado para evaluar, monitorear y orientar la implementación de esas obligaciones.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) a cargo de la implementación del Pacto por parte de los Estados signatarios se reunirá del 15 de febrero al 5 de marzo para considerar la situación al respecto en Finlandia y Letonia.
El informe presentado por organizaciones sociales finlandesas incluye el caso de UPM como empresa cuyo origen y sede se encuentra en Finlandia.
Se recuerda que los Estados tienen atribuciones para controlar a "las corporaciones constituidas bajo sus leyes, o que tienen su sede estatutaria, administración central o lugar principal de negocios en su territorio". Por lo tanto, el Estado finlandés "tiene que usar ese poder de control para asegurar los derechos humanos en particular en megainversiones público-privadas en el exterior como ésta", agregan.
"Como UPM es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones", afirma la denuncia.
"Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay", señalan las organizaciones finlandesas al CESCR.
La nueva inversión de UPM en Uruguay afectará la calidad y el acceso al agua, las condiciones del suelo, la biodiversidad y los ecosistemas, el trabajo, la vivienda y los transportes de maneras que amenazan con violar los derechos humanos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, el agua y la vivienda, y los derechos humanos a la salud, un medio ambiente limpio y seguro, la cultura, el trabajo y educación.
Las organizaciones finlandesas proponen que se realice una revisión independiente, avalada por los respectivos órganos de la ONU, para evaluar dichos impactos. El 16 de febrero, el CESCR escuchará a un representante de las entidades denunciantes.
El Comité se reunirá en los días siguientes con una delegación del gobierno finlandés, para dar a conocer sus observaciones finales al término de sus sesiones.
