Más de medio centenar de sindicatos, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, centros estudiantiles y medios alternativos de comunicación, se reunieron en la sede central del PIT-CNT para exponer su oposición al contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional finlandesa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país.

- Se señalaron las violaciones a la Constitución y leyes nacionales por parte del Poder Ejecutivo nacional y los gobiernos departamentales de Durazno, Florida, Canelones, Montevideo y Tacuarembó, para facilitar la nueva inversión de UPM.
UPM 2 Eduardo Lutz Hitta. Docente de Derecho Constitucional de la UdelaR
- Se explicó el fundamento legal de las iniciativas legislativas emprendidas en varias localidades para impedir que los trenes de UPM atraviesen con celulosa y productos químicos peligrosos zonas densamente pobladas de la Capital y el Interior.

- Se señaló la gravedad de la instalación de ese proyecto sobre el Río Negro, cuyos altos niveles de contaminación actuales serán agravados por el enorme consumo de agua y los efluentes tóxicos provenientes de esa planta de celulosa.

- Se advirtieron los efectos sobre la economía de la población, y de los trabajadores en particular, de la contaminación de la red hídrica del país, que se traduce en crecientes costos del acceso al agua potable y en pérdida de la calidad de vida.

- Se explicaron los impactos del tren de UPM en materia de vibraciones, ruidos y contaminación del aire, riesgos de accidentes graves y alteración de la vida de la población si se mantiene el antiguo trazado ferroviario en zonas urbanas.

- Los trabajadores ferroviarios explicaron que el tren para UPM marca el comienzo del fin del monopolio de los ferrocarriles del estado en el país, abriendo la puerta a las empresas privadas que utilizarán una vía construida con dinero del pueblo.

- Se expuso la experiencia de las ciudades de Fray Bentos y Conchillas donde la instalación de las plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata no significó un incremento de las fuentes laborales ni una mejora del desarrollo social.

- Se explicó la falsedad de las fuentes de trabajo utilizadas como justificación de estos proyectos, cuando luego de 4 a 5 mil empleos por un año en la etapa de construcción, en la operación de las plantas solo habrá entre 400 y 500 trabajadores.

- Se alertó sobre la injerencia inconstitucional de la multinacional finlandesa UPM en actividades y programas de la enseñanza pública del país, así como las violaciones a los derechos humanos resultantes de la imposición de este proyecto.

Fuente: Blog "El muerto que habla"
UPM 2 Medio Ambiente
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