Una de sus virtudes principales es la composición equilibrada y diversificada. El proyecto de ley plantea, precisamente, modificar esa composición para aumentar de uno a tres el número de representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
La norma vigente establece que el Consejo de la Magistratura está conformado por 11 miembros: uno por el Poder Ejecutivo, que es el presidente del órgano; dos por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; dos por el Colegio de Abogados de Entre Ríos; uno por la Asociación Judicial de Entre Ríos; dos por representantes la sociedad civil; y tres por el ámbito académico. Los cambios propuestos por el proyecto de ley alterarían el equilibrio actual en la selección de los jueces.
Vale aclarar que el Consejo de la Magistratura, como órgano asesor, evalúa a los postulantes y define una terna, pero el Ejecutivo tiene la facultad de elegir cuál de los tres candidatos elevará a consideración del Senado provincial para su designación. Además, en caso de empate en una votación del Consejo de la Magistratura, el presidente, designado por el Ejecutivo, debe desempatar.
Un segundo aspecto controvertido del proyecto de ley "afecta a los miembros del ámbito académico. En la actualidad están representadas tres universidades que tienen Facultades de Derecho: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU). La reforma plantea que al menos dos de los tres miembros deberían representar a universidades públicas con domicilio real en Entre Ríos".
Esta modificación generaría un problema: no hay universidades públicas con facultades de derecho en la provincia. Como solución, el proyecto habilita como representantes a quienes sean docentes que dictan cátedras sobre asuntos legales en facultades no especializadas en derecho. Un criterio claramente desatinado ya que podría empobrecer el nivel de debate en el Consejo. Con respecto a este punto, queremos subrayar el aporte de la UNL, que fue la primera universidad de derecho en la región y donde se han formado muchos de los juristas más prestigiosos de Entre Ríos.
Por último, el proyecto propone la ampliación de causales de excusación para miembros del jurado y la creación de un banco de casos para ser evaluados en los exámenes. Dos ideas que podrían implementarse adecuando el reglamento del Consejo de la Magistratura, sin modificar ninguna ley.
A pesar de que la sociedad civil está representada el Consejo de la Magistratura, este sector fue el único al que no convocó la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos cuando comenzó a debatir el proyecto de ley. Consideramos que fue una omisión grave. Justamente, la representación de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura es una de sus fortalezas, ya que le brinda un carácter democrático, transparente y equilibrado.
La Asamblea de Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos publicó un comunicado en el que rechaza el proyecto de reforma. Las organizaciones económicas, industriales y rurales apoyaron el comunicado de la asamblea y coinciden en que el Consejo de la Magistratura es un órgano que funciona correctamente. Lo que funciona no debería cambiarse.
Cuando desde diferentes sectores se imputa injerencia de presiones político partidarias en los Poderes Judiciales Nacional y provinciales, deben extremarse los recursos tendientes a que la designación de jueces y funcionarios judiciales solo esté orientado por el propósito constitucional de “afianzar la justicia”.
