"Los dichos del legislador evidencian la violencia institucional que existe", señaló a la vez que destacó que "la respuesta de diferentes colectivos y organizaciones obligó al gobernador de Tucumán a anunciar que esa provincia adherirá a la Ley Micaela".
EL COMUNICADO COMPLETO
Desde la Red Entrerriana de Periodistas con Visión de Género, repudiamos las declaraciones del presidente del Bloque de Fuerza Republicana de Tucumán, Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, respecto de la denotada falta de perspectiva de género sobre la violencia que sufren día a día las mujeres y femeneidades cuando sostuvo que "no conoce casos de asesinatos por el hecho de ser mujer".No solo desconoce los tratados internacionales como lo es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Sus dichos también violan lo que dicta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como Convención de Belem Do Para, ratificada por ley 24.632 en el año 1996.
Además niega e invisibiliza los alcances de la Ley Micaela, desde su propia función, de acuerdo a la aplicación obligatoria para el ámbito estatal en todas sus poderes.
Al mismo tiempo observamos que desvaloriza el trabajo de los movimientos feministas a lo largo y ancho del mundo que han dado fruto a diversas normativas e impulsado políticas públicas y que recientemente, en Argentina, contribuyeron a la creación de Ministerio de Mujer, Género y Diversidad.
Reclamamos el reconocimiento en este sentido del trabajo realizado por la Fundación Micaela García, impulsora de la ley que lleva el nombre de nuestra compañera.
En síntesis, lo que claramente desconoce es el concepto de FEMICIDIO y las violencias por razón de género tipificada en nuestra normativa nacional.
Desde nuestro rol ético, político y social, quienes trabajamos desde el periodismo con perspectiva de género para visibilizar la situación de opresión, violencia, desigualdad y vulnerabilidades a las que nos vemos sometidas históricamente las mujeres y disidencias, demandamos responsabilidad a quienes ocupan la función pública y exigimos la aplicación urgente y federal de la ley Micaela. Como así también, exigimos a Ricardo Bussi la obligación ética y moral que le compete en su función pública y en pos de respetar a la familia de Micaela García, sus amigues y compañeres, que se retracte públicamente de sus palabras y se adecúe la legislatura tucumana a la Ley Micaela.
