La ley fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
El nombre de la ley se debe a la conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Con estas capacitaciones se busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas.
Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
