El Movimiento Ciudadano UPM2 NO y otros colectivos que se oponen a los términos acordados entre el gobierno y la multinacional para la instalación de una segunda pastera en Uruguay presentarán una demanda civil contra el Poder Ejecutivo y contra la propia empresa.

La intención es que la Justicia los haga responsables por los “daños futuros” que, a entender de los demandantes, ocasionará el “contrato” firmado a fines de 2017 y en el que el Estado asume el compromiso de cumplir determinadas condiciones para que la firma concrete la inversión.

Así lo explicó a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, apuntando que como paso previo será citada una audiencia de conciliación.

La demanda se basa en la violación a la Constitución que implican los términos asumidos por el gobierno y los perjuicios medioambientales y económicos que derivarán de su cumplimiento, entre otros aspectos.

Aunque no se mostró optimista en cuanto a obtener el fallo que se desea, Sarthou expresó que el juicio permitirá exponer, probar y difundir las “aberraciones jurídicas, económicas, ambientales y culturales” del contrato, y la “lamentable complicidad” entre el Poder Ejecutivo y UPM.

El Movimiento UPM2 No aguarda en tanto ser citado a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados en torno a la denuncia que presentó el año pasado por la “inconstitucionalidad” del acuerdo firmado con UPM.

Allí se pide que la Cámara enjuicie políticamente a los funcionarios que suscribieron el contrato con la multinacional. Una acción que para Sarthou sería posible “si el Parlamento tuviera el coraje y la voluntad de cumplir con su deber”, aunque “resulta evidente” que eso no va a ocurrir, al menos en esta Legislatura.
Pasteras en el río Uruguay

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