La propuesta “de arancelar las inscripciones, tiene como una de sus metas más importantes, la de desalentar la decisión de los postulantes de inscribirse de manera indiscriminada a cualquier cargo, jurisdicción y fuero, resultando de ello el ajuste del número de inscriptos a quienes realmente afronten con seriedad y compromiso semejante elección”, argumentó el legislador.
En ese sentido, aclaró que la creación del arancel a aplicar a las inscripciones y a los respectivos planteos recursivos en los diferentes concursos públicos organizados por el Cmer, “tiende a hacer más eficiente el acto de inscripción por parte de los profesionales, sin que ello signifique restringir el derecho constitucional”.
En ese marco, explicó que “sucede en muchos casos, que aspirantes que han logrado acceder a los cargos, luego de realizadas las respectivas entrevistas públicas por ante la Honorable Cámara de Senadores de la provincia y prestado el Acuerdo Constitucional correspondiente, se inscriben inmediatamente a nuevos concursos públicos, sea de igual jerarquía pero en otra jurisdicción, o de mayor jerarquía, dejando a las claras la absoluta falta de predilección en la competencia material”.
A su vez, en el proyecto se propone “regresar al diseño inicial de la prueba de oposición únicamente escrita, que preserva el anonimato y como tal, la imparcialidad más absoluta en la evaluación de los postulantes. Es necesario remarcar que tal prueba escrita hoy se complementa con un examen oral que otorga muchos menos puntos, y que difícilmente varíen el criterio del tribunal examinador, posibilitándose los cuestionamientos atinentes a la parcialidad de uno u otro jurado”.
Fuente: AIM.
