La ministra de Salud, Sonia Velázquez, reclamó por carta documento a la Agencia Nacional de Discapacidad la falta de entrega de medicación a personas con discapacidad de la provincia que están con cobertura del gobierno federal y que soportan desde hace meses la entrega fraccionada y los faltantes.

“Nos obligan a hacernos cargos permanentemente de compromisos que tienen asumidos en Nación”, dicen en Salud. “Ahora, la ministra exigió por carta documento a la Nación en representación de los pacientes que están esperando la medicación. Las explicaciones que dan es que es un problema de Aduana; o que hicieron la licitación pero fracasó, pero mientras tanto la gente espera sin respuesta”, contó una fuente.

No es la primera vez que la titular de la cartera sanitaria acude a la vía de la carta documento para exigir a la Nación el cumplimiento de compromisos contraídos en materia de salud. En junio último, eligió la misma vía para exigir el cumplimiento en el envío de dosis de vacuna incluidas en el calendario oficial de vacunación.

En discapacidad, el retiro de los compromisos de Nación no sólo lo soportan los pacientes que tienen convenios directos con Nación sino también organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Hogar Don Uva, que alertó sobre el riesgo de cierre ante la escasez de fondos.

El año 2018 marcó un serio deterioro en la atención de la población con discapacidad por parte de la Nación, que retrajo asistencia, suprimió programas y dejó a la deriva a instituciones y personas que venían asistidos por distintos tipos de cobertura.

En agosto del año último 19 instituciones de toda la provincia que atienden a 520 beneficiarios con distintas discapacidades plantearon al Ministerio de Salud la seria situación por la que atravesaban. Lejos de solucionarse, el conflicto se fue agravando.

En 2019, la Provincia debió rediseñar el gasto previsto en el Presupuesto y destinar buena parte de los fondos del Ministerio de Salud a cubrir prestaciones que estaban a cargo de la Nación, pero que desde 2016 en adelante se han ido suprimiendo: el ajuste afecta de manera directa al sector de población más sensible, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados.

En los primeros tres meses del año -entre enero y marzo-, de las partidas aprobadas en la Ley de Presupuesto para destinar a personas de escasos recursos con problemas de salud, 127 millones de pesos, ya se ocupó un total de 46.821.379 pesos. O sea, en un trimestre se ocupó el 38 por ciento de lo previsto para todo el año. El retiro intempestivo de la Nación -como la cobertura del pago del transporte para personas con discapacidad- obliga a la Provincia a salir en auxilio de lo que se deja de cubrir.

La voz de alerta sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que eran asistidas por la Nación la dio la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos: son 54 alumnos que a diario concurren a la escuela integral, 100 personas adultas con discapacidad intelectual que asisten al Centro de Día, alrededor de 15 personas que tienen residencia permanente en el Hogar San José, mientras que la residencia Sagrado Corazón alberga a mujeres ancianas. Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, alertó por un eventual cierre ante la falta de fondos.

Desde el Ministerio de Salud señalan que la deuda que acumula la Nación con instituciones que dan asistencia a personas con discapacidad, pero también con institutos médicos que cubren transplantes, centros oncológicos y de diálisis, llega hoy a los 100 millones de pesos.

El programa Incluir Salud salió de la órbita del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo que fue suprimido, y se lo trasladó bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Discapacidad. No se trató de una mera decisión administrativa en el Gobierno nacional: también implicó un severo atraso en el giro de fondos para el pago de prestaciones de personas con discapacidad sin obertura social.

Como la situación ha ido agravándose, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, decidió intervenir y envió una carta documento a las autoridades nacionales de Salud para pedir que se cumpla con la asistencia de pacientes que han quedado a la deriva. Se trata de pacientes que aguardan medicación de alto costo que financia la Nación, pero que no llega a la provincia. “Los funcionarios nacionales aducen tema de Aduanas, que la medicación no ingresa, o que llamaron a licitacíon y se declaró desierta. Pacientes concretos conveniados.

Fuente: Entre Ríos Ahora
RECLAMO POR SALUD Discapacidad

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