La cuestión referida a temas ambientales es amplia y sumamente compleja, sobre todo en un momento en que la organización de las sociedades ha sido pensada dentro de las ciudades y fuera de las zonas rurales, todo ello sin una planificación adecuada a los tiempos en que vivimos.

En ese contexto se han sucedido conflictos de diferente índole, por el avance de proyectos productivos en propiedades del Estado, la instalación de nuevas tecnologías que presuntamente atentan contra el derecho a la salud y el medio ambiente o en algunos casos, la pretensión de los gobiernos de explotar recursos naturales sin el debido consenso social.
El caso Amarras
El proyecto de una empresa que pretendía construir un barrio náutico en la ribera del río Gualeguaychú generó la resistencia de organizaciones ambientalistas y una batalla judicial sin precedentes.

Dado que las obras –movimientos de tierras– comenzaron sin autorización y sin el debido estudio de impacto ambiental, hubo denuncias que lograron suspender los trabajos. Pero el problema se agravó porque Altos de Unzué –la empresa en cuestión– desoyó las advertencias y siguió avanzando con la iniciativa denominada “Amarras de Gualeguaychú”.

La respuesta llegó a través de un amparo ambiental colectivo contra la empresa, contra el municipio de Pueblo Belgrano y contra el Gobierno de Entre Ríos.

“Ese amparo en primera instancia se ganó y cuando llega al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por una cuestión formal se deniega. Esto motivó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se resolvió hace un mes: se avaló el amparo, revocando el fallo del STJ y ordenando que se dicte un nuevo procedimiento acorde a todos los principios ambientales”, ilustró el abogado Juan Ignacio Weimberg, representante de la ONG ambientalista Fundavida.

Siguiendo los lineamientos del dictamen, el letrado recordó que la Provincia, al tener el contralor de las cuencas, no debió haber permitido la construcción de un complejo habitacional “en un humedal”.

“La Corte le está diciendo al STJ que no se puede apartar del principio pro agua y pro natura. Hay principios ambientales que indicarían que si el STJ siguiera la línea de la Corte debería condenar a la empresa, al municipio de Pueblo Belgrano y a la provincia de Entre Ríos”, subrayó.

Weimberg adelantó que la resolución del caso está demorado debido a la modificación de la ley de Procedimientos Constitucionales: “Estos cambios responden a los amparos ambientales y los amparos de salud. Se decidió que en vez de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales, los amparos los decida el pleno del STJ. Esto es una involución para nosotros y retrasa mucho la resolución de causas importantes”.

Para el letrado, este proceso sentará un importante precedente. “Será uno de los principales juicios que implique un gran monto indemnizatorio o para mitigación del daño por parte de la Provincia o de los actores principales. Sin contar el perjuicio que se le ocasionará a la gente que compró, y que no se visibiliza ahora porque compraron mediante boletos de compra-venta”, aventuró.

Fuente: R2820/UNO
Medio Ambiente Protección de Humedales
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