Juan Manuel López

#QueNoSeCaiganLasCausas

En los procesos penales, la acusación, en principio, está a cargo de los fiscales. En ocasiones, también está presente la víctima, que es conocida en términos procesales como querella.

El fiscal, si bien tiene la obligación de investigar y, si así lo considera, acusar, muchas veces no lo hace. Esto puede obedecer a razones legítimas –considera que con los elementos de prueba colectados no puede afirmar que esa persona cometió el delito, por ejemplo-, o por razones un tanto más opacas, de las que el lector tendrá sobrados ejemplos en su memoria o en su imaginación.

En muchas de las causas donde se investigan hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, el estado actúa como querellante en los procesos. La Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la AFIP, por ejemplo, impulsan muchas de las causas más resonantes de los últimos tiempos.

Ahora bien, qué pasa cuando el fiscal, por una razón legítima u opaca -la que usted prefiera- no acusa. Si no hay querellante, la causa se cae. Pero si hay una víctima como querellante que considera que la causa debe seguir, acusa, y la causa sigue.

Volvamos a las causas de corrupción. El fiscal no acusa. Digamos que se hace el distraído. La Oficina Anticorrupción, que está interviniendo en el proceso, puede hacer lo mismo, y entonces la causa se cae. O puede acusar, y entonces la causa sigue.

Con los Códigos Procesales Penales actuales – federal y nacional-, el Estado puede hacerse el distraído, y sin decir nada, sólo guardando silencio, hacer caer una causa donde se investigan hechos de corrupción.

El gobierno nacional anterior brindó sobradas muestras de que no sólo tenía, y mantenía, como funcionarios, a personas investigadas por graves hechos de corrupción, sino de que además operaba sobre los fiscales para que no impulsaran las causas de corrupción o no apelaran las decisiones que ponían fin a las mismas.

Creo firmemente que en casos como los de corrupción o narcotráfico, donde el Estado ya se encuentra impulsando investigaciones penales, no puede dejar de hacerlo por una mera motivación política.

Es por ello que he presentado un proyecto de ley para que el Estado deba seguir impulsando las investigaciones, con independencia de lo que decida el fiscal. Y en tal caso, si considera que hay legítimas razones para no continuarlas, las ponga por escrito en el expediente con la firma del Ministro del área. De esta forma, garantizamos que las causas no se caigan y que, en todo caso, si hay razones para no seguir, las mismas sean públicas.

En el mismo sentido, pretendemos que el Estado tenga la obligación de apelar las decisiones que ponen fin a una causa, cuando acusó en la instrucción o en el juicio. No queremos que se repitan situaciones como la que sucedió en la investigación por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, donde la causa se cayó porque el fiscal no apeló la decisión.

No hay ninguna duda de que este tipo de iniciativas no son del agrado de quienes pretenden, llegando al gobierno, dejar atrás todas las causas de corrupción en las que amigos, familiares, empresarios amigos, y amigos de amigos, están involucrados.

En pocos días se enfrentan un modelo republicano y un modelo autoritario. El primero, encarnado por Mauricio Macri, Elisa Carrió, y muchos ciudadanos que quieren justicia, que las causas no se caigan y convivir en paz. El segundo, el de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y tantos otros que quieren llegar al poder para ejecutar un plan de impunidad y persecución. La sociedad tiene en su voto en qué país quiere vivir.

(*) Diputado nacional por la Coalición Cívica-ARI (Ciudad de Buenos Aires).

Nota extraída de Telam.

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