La fría letra de la sentencia indicó que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, integrado por Alicia Vivian -quien ejerció la Presidencia- y Arturo Dumón y Mauricio Derudi, decidió condenar a 8 años de prisión a Gustavo Rivas, a sus 74 años.

El abogado e historiador se sentó a lo largo de 14 jornadas en el banquillo de los acusados por los delitos de: promoción a la corrupción de menores y prostitución reiterada contra las víctimas identificadas con las iniciales A, B; promoción a la corrupción de menores en los hechos C, D, E, I, J, K, L y a la prostitución de menores contra las víctimas F, G, H.

Los querellantes del juicio fueron los fiscales Martina Cedrés y Lisandro Beherán, junto a Estela Esnaola y Alfredo Vitale, abogados de dos testigos-víctimas.
Fue Beherán el responsable de exponer los “Antecedentes del caso” donde enumeró que Rivas "llevó a cabo la promoción de la corrupción y prostitución de menores ininterrumpidamente desde 1975 hasta 2011 aproximadamente, en perjuicio de un número indeterminado de jóvenes que podría ascender a cientos de víctimas, conforme la prueba recabada”.

Enfatizó que los hechos ocurrieron en “la vivienda de Mitre 7, Urquiza 541, en una casa de fin de semana ubicada en 30 de Marzo y Larroque de Pueblo General Belgrano, en una propiedad… ubicada en cercanías del Club Black River y en una embarcación denominada 'Frenesi'”.

El fiscal destacó que “el sospechado [se valió]de su preeminencia y de una situación de asimetría para con las víctimas, lo que hacía valer por su condición de conocido y prestigioso abogado local, profesor en el Colegio Nacional Luis Clavarino, Instituto Agrotécnico Gualeguaychú, Universidad de Concepción del Uruguay; edil en el Concejo Deliberante entre 1991-1995 por el partido 'Unión Vecinal Gualeguaychú'; referente y directivo de la Comisión de Carrozas (actividad donde concurren menores entre 15 y 18 años), socio, alto dirigente y en ocasiones presidente del Club Neptunia. Eso le otorgaba poder económico y social del cual se valía para la comisión de los hechos investigados".
El PODER de RIVAS
Sobre la prueba producida y examinada en el debate, el fiscal abordó: “la prescripción de la acción penal, pese a no existir aún planteo por parte de la Defensa, considerando que un análisis matemático y formal del Código Penal llevaría a considerar que habrían transcurridos los plazos para que la extinción de la acción penal. A su criterio, el derecho debe ser entendido e interpretado de manera global, con normas supralegales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”.

Entonces subrayó la “situación de vulnerabilidad de las víctimas menores de edad, niños al momento de los hechos; que se generó impunidad, a partir de la marcada asimetría de poder del acusado en relación a los damnificados, quienes lo vieron como una persona poderosa, intocable, a quien la ley no le podía llegar nunca”.

Beherán en su alegato de clausura “consideró que el caso se trata de una grave violación a los derechos humanos, en función del autor por ser un referente social y de gran trascendencia para la comunidad… que lo colocaban en una situación de especial autoridad, de poder, prestigio, reconocimiento y preeminencia ante sus víctimas y ante la sociedad”.

Añadió que el [Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia]COPNAF, organismo estatal encargado de velar por la protección de los menores, no formuló denuncia a pesar de tener conocimiento de los hechos que eran víctimas jóvenes del hogar 'La Casita'”.

“Estamos ante un especialísimo caso de grave violación a los derechos humanos de los niños”, enfatizó Lisandro Beherán y “destacó filmaciones donde se aprecia navegando la embarcación conducida por Rivas, junto a jóvenes masculinos visualizándose escenas de desnudez, donde el único adulto era el acusado. En la misma línea, valoró el secuestro e incorporación de material pornográfico, revistas, casetes de cinta VHS u 8 mm y fotografías que fueron incautadas en el domicilio del imputado, adquiriendo un alto valor indiciario en relación a la veracidad de los dichos de las víctimas”.
LA POSICIÓN DE LAS QUERELLAS PARTICULARES
Por su parte, la querellante particular del testigo-víctima B, Estela Esnaola, argumentó en su alegato que “el imputado [utilizaba]formas de seducirlos, atraerlos, para luego someterlos y convertirlos en objeto de goce, irrumpiendo con su sexualidad perversa y su psiquis psicopática”.

Refirió que, en el caso de su representado, el hecho ocurrió cuando tenía 15 años y… que Rivas degradó a su representado en los primeros años de la adolescencia, afectando su dignidad humana que es uno de los derechos fundamentales de la persona contemplado en la Convención de los Derechos Humanos”.

Enfatizó que su defendido vio frustrada la posibilidad de denunciar tempranamente a su agresor. Afirmó que actuó con total impunidad porque buena parte de la sociedad fue hipócrita, indicando que de la pericia psicológica-psiquiátrica informa que Rivas tiene una personalidad perversa”.

Valoró la reiteración en la conducta del imputado respecto de su asistido, quien concurrió en más de 10 oportunidades, tratándose de actos corruptores o depravados, al igual que su intención de corromper. Por último, solicitó que se le aplique al imputado, como responsable del delito de corrupción y promoción a la prostitución, la pena de 7 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

A su turno, Alfredo Vitale que representó a la víctima I refirió que “al momento de los hechos, en 1993 o 1994, tenía 13 o 14 años. Era un niño por lo que su posible consentimiento resultaba inválido”. También señaló que su cliente “no quiere volver a Gualeguaychú, es el único en el que hay un daño psicológico porque estuvo expuesto a un hecho traumático”.

Como el resto de los querellantes validó el poder social de Rivas cuando “relató que el acusado daba clases en varios colegios, insertándose en la sociedad a través de distintas instituciones que, quizás, le ha servido de pantalla como para cubrir su accionar, alegando que el acusado manejó una especie de ingeniería estratégica para lograr su cometido… Es decir, a crear una especie de anillo de protección sobre su persona para que nada modificara su status quo".

"En relación a la parte sexual, utiliza "mecanismos perversoides" para realizar los actos ilícitos respecto de los niños, destacando igualmente que carece de empatía".

Vitale aplicó como calificación legal de “corrupción de menores consumada mediante instigación y engaño para lograr el objetivo. También se pronunció en relación a la prescripción invocando la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, destacando que en éste último tratado se busca como prioridad el interés superior del niño que el Estado debe garantizar”.

Además consideró “que estamos ante un hecho especialmente grave, dado que su asistido padece un daño en su salud psíquica y sexual, condicionado por una aberrante vulneración a sus derechos humanos. Concluyó solicitando una condena para el acusado de 7 años y medio de prisión, y que no se haga lugar a la prescripción”.
Justicia Informe Especial Causa Gustavo Rivas

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