La medida, que permite que a partir del 15 de octubre de 2021 los profesionales de la abogacía y los demás operadores judiciales concurran a los organismos a recurrir a la atención presencial espontánea, fue dispuesta en el Acuerdo General.

Por este motivo, el control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, para lo cual se afectará a una persona en la puerta de acceso de cada edificio, quien se encargará de medir la temperatura y de la sanitización de manos.

También se dispuso que en la medida en que las audiencias puedan celebrarse de manera presencial, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes, tal modalidad deberá tener preeminencia sobre la virtual.

Además, se mantiene vigente el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones, el que será optativo para cada organismo.

Por último, encomendó a la Superintendencia de cada jurisdicción y a la Mayordomía, que arbitre las medidas necesarias a fin de respetar el distanciamiento –dos metros- y el volumen de circulación, conforme la capacidad de cada edificio, así como el control del cumplimiento del uso de barbijo.
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