Desde el Ejecutivo local -concretamente desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social a cargo de Martín Roberto Piaggio- el pedido era avanzar en una sesión extraordinaria que no escapara al mes de enero para lograr la aprobación del proyecto de ley enviado por el Intendente Martín Piaggio al Honorable Concejo Deliberante (HCD).
Pero el Cuerpo Legislativo planteó la importancia de concluir la agenda de encuentros previstos antes de tomar cualquier tipo de resolución.
Cabe recordar que hasta el momento los concejales recibieron a la Regional B del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, como así también a comercios vinculados al producto agroquímico: Agro Gestión del Litoral, Agro Soluciones, Los Grobo, Lartirigoyen y Cía, Luís Angelini, entre otros. Asimismo escucharon a representantes de las entidades agropecuarias que forman parte de la mesa de enlace local: Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria. Luego fue el turno de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, junto al grupo de vecinas y vecinos de Pueblo Belgrano del colectivo Me hago Cargo, el foro ecologista de Paraná, entre otras organizaciones ambientales. Queda pendiente el encuentro con representantes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), del INTA y del SENASA, entre otras solicitudes tramitadas en la secretaría del HCD.
Fuentes del Legislativo confirmaron a R2820 que "se retomará la agenda de trabajo la semana que viene, con los encuentros solicitados y que aún están pendientes".
¿Cuándo se aprobará la ordenanza? Ante la consulta diferentes fuentes confluyeron en que "probablemente sea en el mes de febrero", cuando algunos de los ediles que no se encontrarán en la ciudad regresen de sus vacaciones, y se haya concluido con la rueda da consultas.
"Sin prisa pero sin pausa, como dice la canción", dijeron. Lo cierto es que la semana que viene volverán a escucharse diversos argumentos vinculados a la normativa en el salón del HCD.
El texto actual del proyecto de ordenanza ha encontrado cuestionamientos dentro de los propios ambientalistas que han acercado jurisprudencia sobre una posible inconstitucionalidad por falta de competencia en cuanto a la prohibición de la venta y comercialización del glifosato, como así también atendiendo a la normativa provincial.
