Aún falta que se fije la fecha del juicio por parte de los Tribunales de Gualeguaychú, en caso de que el juez de Garantías, Tobías Podesta, acepte el pedido de la Fiscalía.
Sin embargo, el propio imputado Leonardo Hassell indicó que -para esa instancia- aún resta una etapa previa que consta de "la presentación de todos los planteos necesarios -como la nulidad- para evitar llegar a juicio y nosotros vamos a pedir el sobreseimiento como imputados".
El juez Podestá tendrá tres opciones: elevar a juicio la causa, dictar las faltas de méritos o sobreseer a los imputados y la tercera es volver la causa a cero, como ocurrió este año".
En la causa están imputados el diputado provincial, Raúl Riganti; a Juan Carlos Rochelle y Norberto Marchesini, ex secretarios comunales de Obras Públicas y Hacienda.
También se juzgará al intendente electo, Leonardo Hassell -que asumirá el próximo 10 de dicciembre- y Néstor Hereñú, directivo de la contratista OICSA.
Uno de los cinco imputados en la causa que investiga los presuntos sobreprecios en una obra de asfaltado en Larroque jugó su última carta antes del juicio: pidió que el expediente pase a la Justicia Federal, por considerar que los fondos de la cuestionada obra provenían de la Nación.
Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el planteo, tal como antes lo había hecho el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Ahora solo resta esperar que se fije fecha del debate sobre el supuesto caso de corrupción denunciado por el intendente, Darío Benedetti.
EL CASO
Según surge de la causa, el Municipio de Larroque celebró con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación un Convenio Único de Colaboración y Transferencia a través del cual la Municipalidad recibió de ese organismo nacional asistencia financiera para la construcción de 14 cuadras de pavimento.Previo concurso de precios, la obra fue adjudicada a la empresa OIC SA. La auditoría realizada sobre dicha contratación dio origen a la denuncia penal realizada en 2017 por el actual intendente, el radical Darío Benedetti, por Fraude a la Administración Pública Nacional ante la Fiscalía de Gualeguaychú.
El caso tuvo amplia repercusión nacional porque Benedetti decidió devolver el aporte de la Nación, ya que la obra se contrató por 14 millones de pesos, pero que el costo real era de 5 millones, por lo que la sobrefacturación era del 180 por ciento. También se dijo que se habían facturado cordones cuneta y badenes construidos por anteriores administraciones municipales.
Los imputados por la Fiscalía fueron Raúl Riganti (exintendente de Larroque y actual diputado provincial), Juan Carlos Rochelle (exsecretario de Obras Públicas del municipio), Leonardo Martín Hassell (exsecretario de Gobierno) y Norberto Miguel Marchesini (exsecretario de Hacienda) y Néstor Hereñú (directivo de OIC SA).
Marchesini es quien, a través de su abogado defensor, Fabián Otarán, promovió acción inhibitoria contra la competencia de la Justicia ordinaria por entender que los fondos de la obra cuestionada pertenecen a la Nación, al tiempo que solicitó la exención de prisión de su asistido.
Como el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, desestimó el planteo, la defensa recurrió en queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
El argumento de Marchesini fue que “los fondos no tienen afectación y seguimiento específico, no ingresan a las arcas municipales y esta tiene expresa prohibición de darle otro destino y destinados a rendirse especialmente a la Nación”. Por esto, peticionó que se asuma la competencia federal y se disponga la inhibitoria de la Justicia entrerriana para continuar el proceso.
El fiscal general Ricardo Álvarez sostuvo que los fondos que pertenecían a la Nación habrían sido transferidos al Municipio de Larroque con el objeto de asistir financieramente al mismo para la construcción del pavimento, todo lo cual indica que dichos fondos pasaron a formar parte del patrimonio del gobierno local.
Agregó que “en otro momento y con mayores elementos informativos podría discutirse si la asignación de fondos al ente provincial se fuera ejecutando contra entrega de certificaciones de obra exigidas de modo indispensable para que ello ocurra, y cuyas posibles inexactitudes fueran mañosamente empleadas como recurso instrumental de tales objetivos”.
El fiscal solicitó se confirme la resolución que desestima el planteo inhibitorio de la defensa.
La Cámara Federal, presidida por Beatriz Aranguren, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece: “En los casos en los que el Estado nacional remite o transfiere sus fondos a los entes locales, y son aceptados por estos, quedan incorporados a su patrimonio, con lo que se excluye un perjuicio directo y efectivo a las rentas de la Nación y, por consiguiente, la competencia federal”.
En este sentido, y coincidiendo con la Fiscalía, se rechazó el recurso de apelación.
A mediados de este año, el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú resolvió remitir la causa a juicio oral y público. Ahora, solo resta esperar la fecha que se fije para que el Tribunal de Juicio de dicha localidad juzgue la grave denuncia.
Fuente: R2820/Uno
