Tras la amenaza al campo de más retenciones o cupos de exportaciones que lanzó el presidente Alberto Fernández, el Gobierno publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial que establecen mayores condiciones la operatoria agroindustrial en función del abastecimiento interno y del ingreso de dólares por parte de los exportadores.

Ambas medidas le dan más poder al Estado para controlar la actividad privada de los operadores ligados al campo, en un sentido similar a las modalidades que impulsó el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aunque vale destacar que esta vez se cuidaron las formas legales. Incluso se remarca que el objetivo es beneficiar a los operadores que cumplen y que sólo se actuará ante los casos de detectar incumplimientos.

Por un lado, por la Resolución 4927/2021 se dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), condicionará el reintegro de IVA por exportaciones si los operadores agroindustriales cumplen con la liquidación de divisas y no presentan deudas impositivas.

A su vez, por la Resolución 15/2021 se ampliaron las exigencias para ser operador del mercado agroindustrial, que en los hechos significa estar incluido en el Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). De ahora en más, para estar inscripto en el RUCA se deberá “cumplir con las sentencias y laudos arbitrales dictados por los órganos nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento”.

En ambos casos, se trata de controles del Estado que en principio no deberían presentar reparos de los operadores privados. Pero los antecedentes de manejos arbitrarios despiertan inquietudes en la agroindustria, por la posibilidad de que se abre para condicionar el accionar del mercado, en cantidades y precios, según sea la visión del Gobierno.

En ese sentido, la defensa de la “mesa de los argentinos” quedó reflejada en un párrafo de la resolución sobre el RUCA. “La medida propuesta, tiende a resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia Constitución Nacional”, dice el texto oficial.
AFIP, exportaciones y divisas
En relación al acceso de los reintegros de IVA por exportaciones, desde la AFIP se dispuso que para acceder a ese derecho fiscal las empresas deberán presentar la documentación requerida por el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales y cumplir con la obligación establecida por el Banco Central en materia de ingreso y liquidación de las divisas y no registrar deudas exigibles por cualquier concepto relativas a sus obligaciones impositivas, previsionales y/o aduaneras, a la fecha de su efectivización.

El argumento es que los cambios benefician a las firmas cumplidoras y fortalecen la coordinación de políticas al interior del sector público. El Régimen de Información de Planificaciones Fiscales es un mecanismo es un instrumento utilizado a nivel global para reducir la opacidad, evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero.

Las modificaciones establecidas por la AFIP resultarán de aplicación para los pagos que deban realizarse a partir de marzo. A partir de ese momento, quedarán excluidos del régimen de reintegro atribuible a exportaciones, los contribuyentes que incumplan el “Régimen de información de planificaciones Fiscales” establecido por la Resolución General N°4838.
El RUCA y la “mesa de los argentinos”
Por otro lado, a la resolución que rige al RUCA desde febrero de 2017 se le agregó una frase que condiciona el registro de operador a “las sentencias y laudos arbitrales dictados por los organismos nacionales con competencia en materia de consumo o abastecimiento”.

En ese sentido, la referida frase sobre “el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo argentino” se justifica con el fin de “asegurar y resguardar las operaciones que hacen al consumo interno, asegurar el derecho a la alimentación y evitar las medidas distorsivas que alteren la normal provisión de productos primarios producidos en el país, con el fin de abastecer otros mercados”.

La responsabilidad de contralor sobre el RUCA es responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), organismo con atribuciones similares a a las que tuvo la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), disuelta en 2011 tras un escándalo de corrupción por el pago de compensaciones a productores.

El funcionario que dirigía la Oncca en los tiempos fue Ricardo Echegaray, pero todo el sistema de ROEs (Registros de Operaciones de Exportación) y otros controles discrecionales quedaron asociados a Moreno en la memoria de los productores agropecuarios.

A partir de diciembre de 2015, en el gobierno de Mauricio Macri, cuando el ministerio de Agroindustria estaba a cargo de Ricardo Buryaile, primero se redujo el alcance de los ROE a su carácter administrativo original (surgieron en 2016 para regular los mercados internos y externos de la carne y luego se extendieron a los granos y los lácteos).

Después, se creó la DNCCA. Y ya en la administración de Alberto Fernández, por Decisión Administrativa N° 1.441, el 8 de agosto de 2020, se le atribuyó a esta Dirección dependiente de Agricultura “gestionar la fiscalización, registración y matriculación y la operatoria comercial de las personas humanas y/o jurídicas que intervengan en la cadena comercial agropecuaria y la transformación de los productos agropecuarios para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, la comercialización, la transparencia del mercado y la libre concurrencia de los operadores al mismo”.

Con todo, se estima que a partir de ahora, una disposición de otra dependencia del Estado, por ejemplo, la Secretaría de Comercio Interior, la AFIP o el Banco Central, puede dar lugar a la suspensión de un operador en el RUCA.

En la resolución se indica que la medida apunta a la “consolidación de las diversas esferas de acción o contralor que dispone el Estado Nacional, evitando que las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne ilusorias”.

Y se deja sentado que se hará “sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados”.

A pesar de esa aclaración, en el sector privado la medida inquieta por los antecedentes de arbitrariedad en los controles y, en ese sentido, los requisitos para operar que se determinen.

Fuente: TNCampo
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