Con presencia de integrantes de la asamblea Enredada Feminista en el recinto, pasadas las 12 de este martes comenzó a debatirse el proyecto que busca sumar adhesiones al protocolo de aborto no punible vigente en la Provincia de Entre Ríos desde 2017.
El proyecto, entre otras cuestiones destaca que la objeción de conciencia "siempre es individual y nunca institucional". Y que pese a que existe este protocolo, "a muchas mujeres se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo", subrayando que ésta desigualdad, agravada por condiciones de "clase y género", vulnerabiliza más a aquellas mujeres que necesitan de la presencia de un "Estado que garantice los derechos humanos de las personas".
"En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en un fallo histórico los alcances del aborto no punible, cubriendo el vacio legal ante la falta de una ley que regule el derecho a abortar, y las libres interpretaciones del Código Penal en este punto. La Corte dijo que los organismos de Salud (tanto públicos como privados) deben garantizar el aborto legal, seguro y gratuito rápidamente ante el requerimiento de esta práctica médica. Estamos acá para respaldar la desición política que ejerce la Provincia desde junio de este año, basada en la adhesión al Protocolo que rige desde el año 2015 a nivel nacional", explicó la concejal Guillermina Guastavino iniciando el debate en el recinto.
"Este proyecto pretende garantizar el derecho de todas las vecinas y personas gestantes de Gualeguaychú en los centros de salud e instituciones médicas garantizando las prácticas abortivas planteadas en el marco de este protocolo", sumó Guastavino.
Y aclaró: "Acá se trata de un acompañamiento en el marco de cumplir con la normativa, ya que la decisión de la persona que decide abortar es personal e íntima".
Por su parte, la concejal de UNA Marcela Yedro, manifestó su posición personal en contra del aborto como una práctica médica, pero destacó su acompañamiento al proyecto de resolución "porque creo que hay que atacar la clandestinidad que se cobra la vida de las mujeres más vulnerables".
A su turno, Micaela Rodríguez argumentó el no acompañamiento al proyecto por parte del bloque de Cambiemos: "Me comprometo a seguir estudiando y formándome en este tema, nos costó mucho tomar esta decisión como bloque, y en algún punto me tranquiliza saber que no depende de nuestro voto que avance el proyecto, porque una parte de mi me indica que no puedo acompañar este proyecto", dijo a la vez que felicitó el "trabajo del equipo de Salud municipal nos brindó información en la comisión donde se abordó este tema".
Luego se sumaron las voces de los concejales Daniel Berón y Pablo Echandi que se manifestaron opositores ante el proyecto de resolución que propone ratificar el protocolo de aborto no punible que ya se encuentra vigente..
Araceli Traba criticó la amplitud del proyecto, a la vez que habló de un "protocolo que se extralimita" dando lugar a otro tipos de casos de los que ya están contemplados por la ley. En algún punto creo que avanza sobre la despenalización del aborto, y este es un tema que no está saldado".
Por su parte, Andrés Sobredo de UNA, opinó que detrás de ésta ordenanza "se logra ampliar y enriquecer el debate", y que "el Estado debe acompañar a esa mujer que en soledad, sin distinción de clase social, es víctima de la clandestinidad", adhirió a lo dicho por Guastavino y Yedro, revelando así su voto positivo.
Hacia el final del debate, el concejal Pablo Delmonte ratificó "los derechos de la persona gestante que va a practicar un derecho que ya se encuentra vigente en la normativa".
Con 9 votos a favor y 4 en contra, los concejales aprobaron la adhesión al protocolo de aborto no punible que rige en el territorio entrerriano y desde 2015 a nivel nacional.
