En la causa penal, además de Riganti está imputado Leonardo Hassel, que era su Secretario de Gobierno y desde el 10 de diciembre es el nuevo intendente de la ciudad. También está acusado el exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda, Norberto Marchesini; y Néstor Hereñú, directivo de la constructora OICSA.
El pleito judicial se tramitó en la Cámara Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay. Hasta esa Cámara llegaron dos demandas: una de la empresa y otra del Municipio.
La firma constructora reclamó el pago de una suma de dinero, más los intereses, correspondiente al contrato de obra de asfaltado. El monto reclamado ascendía a los $12.466.760,90 millones. El Municipio, en tanto, inició una acción de lesividad por los supuestos daños causados por la empresa a las arcas de la administración pública.
Pero ese pleito llegó a su fin. La mayoría oficialista del Concejo Delieberante de Larroque aprobó un curioso acuerdo firmado entre el Municipio y la empresa OICSA que pone fin a la causa civil. El pacto fue cuestionado por la UCR y también tendrá impacto en la Legislatura, ya que un diputado anunció que pedirá que se sancione a la empresa constructora por reconocer que existió sobreprecio en la obra.
El contrato y las discusiones sobre el precio real
El contrato para la obra fue realizado el 2 de julio de 2015 con un monto de $21.049.304,44 millones. Los recursos eran provenientes del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.Sin embargo, el Municipio alcanzó a pagar $8 millones, ya que la nueva administración municipal a cargo de Darío Benedetti (Cambiemos) dispuso una auditoría ni bien asumió, la cual determinó que la obra costaba en realidad unos $5 millones. Respecto al primer monto que figura en el contrato, se dijo que hubo un sobreprecio de $15.602.351,25.
En rigor, según los registros contables, el Municipio le pagó a la firma la suma de $8.582.543,14. Es decir, si se sigue el contrato original, quedó adeudando $12.466.760,90. Esta última cifra fue reclamada por la constructora pero para entonces ya era 16 de febrero de 2016, y en el municipio estaba instalada la recién asumida gestión del radical Benedetti.
El dirigente denunció el caso en la justicia y el 15 de mayo de 2016 devolvió a Nación la suma de dinero que había sido girada para la cancelación del precio de contrato original.
En 2019, al asumir las nuevas autoridades, la causa civil quedó en medio de una discusión política: ¿El intendente, imputado en la causa penal, mantendrá la causa civil en su contra y de la firma constructora? La misma pregunta se formulan en Santa Elena, donde el intendente Domingo Daniel Rossi enfrenta una causa similar que tramita en los Tribunales de La Paz.
El miércoles último la mayoría oficialista del Concejo Deliberante de Larroque –el Frente de Todos- aprobó un convenio firmado entre el municipio y la empresa OICSA que pone fin al pleito. Se trata de un acuerdo transaccional con varios puntos, entre los cuales el municipio reconoce deberle a la empresa la suma de $7.798.830,80 por la obra. Es decir, el monto está por debajo de los poco más de $12 millones que reclamaba la constructora.
Desde otro ángulo, en el acuerdo transaccional quedó asentado que existió un sobreprecio, ya que la deuda reconocida surge a partir del trabajo del perito oficial de la causa, Beltrán Uranga. En paralelo, el 11 de marzo se realizará en los Tribunales de Gualeugaychú la audiencia de elevación de la causa penal a juicio.
El acuerdo, punto por punto
1- El municipio acordó expedir el certificado de liquidación final de la obra.2- Dejó expresado que por liquidación final de la obra se entiende las cantidades “estimadas” por el perito oficial Beltrán Uranga; y cualquier otra prestación constructiva realizada por el empresa para terminar la obra, como movilización y desmovilización de equipos, obrador, demolición de cordón cuneta y badenes existentes, bajada y/o traslado de cañería de agua y/o cloacas u otro tipo de instalaciones subterráneas; entre otras.
3- Se acordó que tres certificados de ejecución de obra de naturaleza “provisional” sean sustituidos por la municipalidad como “definitiva”.
4- OICSA, por su lado, aceptó el importe del certificado de liquidación final y desistió de la demanda promovida. Es decir, aceptó que el dinero que se le debe es $7.798.830,80 lo y no la suma de $12.466.760,90, que resulta del contrato original.
5- A raíz de ello, en el siguiente punto la firma renunció a reclamar al municipio la “diferencia entre ‘el precio del contrato’ y el ‘importe del certificado de liquidación final’”.
6- Luego se dejó asentado que el municipio reconoce que el saldo final adeudado a la firma es de $7.798.830,80, cuyo vencimiento de pago se produjo el 18 de enero de 2016. Cinco días después de que Nación giró los saldos del financiamiento pactado.
7- El municipio acordó pagar esa suma de dinero, con más intereses compensatorios, calculados según la tasa activa del Banco de la Nación.
8- En cuanto a la forma de pago, se indicó que el municipio iniciará las gestiones ante el Gobierno nacional a los fines de que gire los fondos reconocidos como adeudados en el acuerdo transaccional.
9- En otro punto, OICSA reconoció que el cobro de lo adeudado queda condicionado a que Nación gire los fondos dinerarios. Se agregó que en ningún caso la firma podrá reclamar el pago directo al municipio si éste no recibe previamente los fondos de Nación.
Por otro lado, se indicó que extrajudicialmente se acordó que la empresa constructora se haga cargo del pago de los honorarios de los abogados intervinientes y otros profesionales, como peritos judiciales, y hasta de la tasa de justicia.
Finalmente, el municipio informó que presentará el acuerdo alcanzado en la causa civil ante la Fiscalía y el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú, donde tramita la causa penal que se inició con la denuncia del exintendente Darío Benedetti (Cambiemos).
Cuestionamientos de UCR y PRO
El acuerdo alcanzado entre la municipalidad y la firma constructora ya originó cuestionamiento en la oposición.Por una lado, la UCR de la localidad denunció que el pacto es un reconocimiento de un delito; en tanto, el diputado provincial por PRO, Nicolás Mattiauda, anunció que pedirá al gobierno entrerriano que suspenda provisoriamente a la empresa constructora del registro de proveedores del estado, y paralice en consecuencia toda obra pública que la misma se encuentre ejecutando.
“Es muy llamativo que se haya aprobado ese convenio, que aparece como un arrepentimiento de la empresa y de esa forma busca dar por terminado el litigio judicial con la Municipalidad”, dijo el legislador en un comunicado.
El bloque de concejales radicales de Larroque se opuso a la firma del acuerdo en la sesión del miércoles. Mediante un comunicado, expresaron que “en el mismo se reconoce la existencia de irregularidades en la contratación y que hubo sobreprecios en la obra en cuestión”.
“De los términos de este acuerdo se desprende con absoluta claridad que existieron irregularidades en la contratación y que existió un sobreprecio que por lo menos es cercano al 40 por ciento reconocido, ya que el costo originario era de algo más de $ 21 millones y la empresa no sólo cobrará algo más de $ 15 millones sino que también se hace cargo de todas las costas y costos del juicio”, señalaron luego.
Y agregaron: “Lo curioso del caso es que este reconocimiento lo hace la actual administración municipal cuyo Intendente es Leonardo Hassell, que fuera Secretario de Gobierno del Intendente Raúl Riganti, y que junto a éste y los ex Secretarios de Hacienda y de Obras Públicas Norberto Marchesini y Juan Carlos Rochelle, siguen imputados ante la Justicia penal, cuya audiencia de remisión a juicio continuará el próximo miércoles 11 de marzo”, finalizaron.Fuente: R2820/Entre Ríos Ahora
