El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Daniel Urribarri, y su exministro de Comunicación y Cultura, el diputado Pedro Báez, quedaron a un paso del juicio oral y público por delitos contra la administración pública en el caso del “Sueño Entrerriano”.

Concretamente, el magistrado Ricardo Bonazzolla desestimó el planteo de excepción por falta de acción que interpusieron los abogados Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez e Ignacio Díaz, por Urribarri y Báez, respectivamente. El recurso se discutió en una audiencia el 4 de abril pasado y hoy el juez dio a conocer la resolución.

El magistrado dijo que hacer lugar a la petición de los acusados sería “prematuro” ya que observó que “la fiscalía ha ofrecido un gran número de testigos y piezas documental, pruebas que sólo han de alcanzar esa calidad en el debate”.

“Creo sinceramente en permitir que esta causa siga su curso, como pretende la acusación pública, con los fundamentos vertidos en la solicitud de remisión de la causa a juicio”, dijo y consideró que el caso debe ventilarse en el debate de juicio donde “se dará el justo valor probatorio a los fundamentos defensistas vinculados a la aprobación de las cuentas públicas”.

El planteo defensivo sostenía que la Justicia no tiene ningún delito para investigar porque no hay delito puesto que las tramitaciones bajo la mirada judicial ya fueron evaluadas por los organismos de control del Estado, sin reproches.

En la investigación penal no sólo está involucrado el exgobernador y su exministro de Cultura y Comunicación; sino también el exministro de Turismo, Hugo Marso, y, entre otros, el cuañado Juan Pablo Aguilera.

La causa incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

En diciembre pasado la Fiscalía unificó las investigaciones y pidió la elevación a juicio de todos los imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública.

Ahora, tras el rechazo del recurso defensivo por parte del juez Bonazzolla, sólo resta que se fije fecha de audiencia para que se defina la elevación o no de la causa a juicio oral y público.
Penas para los imputados en el “Sueño Entrerriano”
Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.

Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

Fuente: Entre Ríos Ahora
Justicia Causa por Corrupción

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