"Hacemos referencia específicamente a la quita que vamos a sufrir en nuestros haberes mensuales en función de una “solidaridad” declamada por las autoridades provinciales (Gobernador, Vicegobernadora, ministros, Legisladores y funcionarios en general), pero que, en realidad, no es más que un ajuste", remarcaron.
En otro tramo de la nota, consideraron "una injusticia volver a pagar con nuestros haberes. Como Supervisores, máximo cargo del escalafón docente al que puede aspirar un trabajador de la Educación, nos sentimos bastardeados en nuestras funciones. Ya que para poder acceder a dicho cargo nos hemos preparado profesionalmente, hemos transitado y recorrido todos los cargos docentes en su mayoría (desde maestro de grado, pasando por los cargos de conducción de un establecimiento educativo), hasta que finalmente tuvimos que superar un duro desafío: rendir el examen de oposición para cargos de Supervisión".
"Lo que nos ha provocado erogaciones económicas muy fuertes como contar con dispositivos tecnológicos, hacer fotocopias, comprar libros, hacer viajes que, si no somos afiliados al sindicato de los trabajadores de la educación, los pagamos de nuestro bolsillo", sumaron.
"Sorteamos las dificultades apelando al acompañamiento de nuestra familia, muchas veces sin otro recurso que nuestros propios haberes, ya que somos sostén de familia. Así nos formarnos pedagógicamente para poder acompañar al Sistema Educativo Entrerriano, a los Equipos Directivos, a los Docentes, y a los principales protagonistas del mismo: a nuestros estudiantes y ser nexo con el sistema central", completaron.
"Hoy frente a esta Ley se nos quiere considerar “un sector de privilegio” al que hay que castigar con una quita salarial, ya que los Supervisores estamos en la misma línea contributiva que quienes poseen grandes extensiones de campo, o que son parte del Sistema Financiero. Esta consideración es una falta de respeto, a quienes diariamente ponemos de nuestro bolsillo dinero para poder realizar óptimamente nuestras funciones. Y consideramos que esta actitud incentiva, peligrosamente, a no ocupar cargos directivos, ya que quienes lo hagan, se verán perjudicados por la aplicación de impuestos que impactan directamente en el salario", manifestaron los docentes del vecino departamento.
"Muchos de nosotros ya somos alcanzados por mal llamado Impuesto a las Ganancias, a lo que hoy suma una nueva quita salarial: El Impuesto de Emergencia Solidaria. Los Supervisores Escolares tenemos una función muy relevante dentro del Sistema Educativo. Somos quienes formamos el nexo entre las Escuelas y el Consejo General de Educación. Y en esa línea, durante todo este tiempo de Cuarentena, de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hemos estado acompañando a los Equipos Directivos, quienes también han puesto y siguen poniendo, lo mejor de sí, junto con los docentes, para cumplir desde la virtualidad, con recursos propios, sin financiamiento externo, sin tiempos ni horarios, en definitiva, con mucho esfuerzo y sacrificio", señalaron.
"El compromiso pedagógico está. El acompañamiento educativo, también. La solidaridad la ejercemos mes a mes con el gobierno provincial. Cubrimos los gastos de traslados reales que realizamos para estar cerca de las escuelas, porque solo nos pagan un 10% del combustible; compramos el material de oficina que se utiliza, y hasta compramos muchas veces el agua para tomar en nuestros lugares de trabajo y también debemos pagar para nuestro refrigerio que nadie abona. Si estamos contenidos, es por la buena disposición de nuestro superior inmediato y nuestro compañerismo y vocación", argumentaron.
"Hubiera sido atinado que primeramente se hubiera informado al Sr. Gobernador y a los legisladores, todas estas erogaciones que salen del salario de los que más ganan en educación, antes de incluirnos en este nuevo impuesto. Todo trabajo merece una retribución justa y de acuerdo a un escalafón razonable, que denote el ascenso. Toda tarea merece un reconocimiento teniendo en cuenta la jerarquía que le corresponde, de acuerdo a las titularidades conseguida mediante exámenes de oposición y antecedentes, lo que no estaríamos recibiendo desde el CGE. Y, además, con esta Ley de Emergencia Solidaria, sólo podemos visualizar un ajuste hacia los que, con gran responsabilidad ocupamos cargos directivos y supervisores, sin ver cuánto de nuestros haberes quedan anclados en la escuela o las direcciones departamentales donde trabajamos", objetaron en el documento elevado a la departamental de escuelas de Ibicuy para que sea enviado al titular del Consejo General de Eduación (CGE), Profesor Martín Müller.
"Esta desigualdad ya la hemos puesto en evidencia y reclamado numerosas veces, sin ninguna respuesta, por eso hoy la denunciamos, y solicitamos a Ud. Interceda ante el Sr. Gobernador y Legisladores, para que no siga siendo un acto de injusticia con los trabajadores de la educación, dejando de lado la norma que vuelve a perjudicar nuestro salario", finalizan, interpelando a la máxima autoridad en materia educativa en la Provincia.