El caso generó un importante revuelo en Gualeguaychú y en particular dentro el ámbito del mercado agropecuario. En agosto de 2021 se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en la intersección de la Ruta Provincial 20 y la Autovía Nacional 14, donde están ubicadas las plantas industriales y oficinas comerciales de las empresas Unión Cerealera SA y Agropecuaria del Sur SA.; otro en una propiedad de Alberdi y Urquiza y un cuarto en Luis Palma y Bulevar Daneri, vinculado al contador de las firmas.
Fue por la denuncia de AFIP-DGI contra por la posible comisión de los delitos de “evasión simple y/o simulación dolosa de cancelación de obligaciones en concurso real con el delito de apropiación indebida de tributos” del nuevo Régimen Penal Tributario.
El organismo señaló que las firmas mencionadas son sociedades que integran un mismo grupo económico y que Domingo Manuel Veronesi (expresidente y actual secretario de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú) y Joaquín Esteban Veronesi, resultaban ser socios en ambas firmas y que, como sociedades complementarias, registraron reiteradas operaciones comerciales entre sí, lo que implicó una práctica habitual de retenciones.
Manifestaron que la firma Agropecuaria Sur S.A. era la encargada del cultivo y la venta del cereal -materia prima- y Unión Cerealera S.A. era la que compraba el cereal a aquella, a fin de transformar este último en alimento balanceado, actuando en dichas operaciones como agente de retención.
Denuncia y pagos
El 10 de mayo de 2022 se presentó Ángel Antonio Veronesi, presidente de la firma Agropecuaria S.A. solicitando la suspensión de la acción penal como consecuencia de su acogimiento al régimen de regularización instaurado por la Ley 27.653 conocida como alivio fiscal, en relación al impuesto a las ganancias 2020. Este pedido fue rechazado por el juez federal.Luego, el 6 de febrero de 2023 el mismo Veronesi solicitó se decrete la extinción de la acción penal por haber cumplido íntegramente con el plan de pagos -respecto al período Ganancias 2020- al que se hubiera acogido en el marco de la ley 27.653. Al respecto, el Ministerio Público Fiscal postuló que, si se encontraban canceladas las obligaciones, no habría objeción. Asimismo, la AFIP-DGI informó que la firma cumplimentó con el plan de pagos, pero pidió que se rechace el planteo de extinción.
En este pleito, el juez resolvió el pasado 7 de marzo extinguir la acción penal por los períodos investigados y en consecuencia, dictar el sobreseimiento de Agropecuaria Sur S.A. Respecto a Unión Cerealera ya se había declarado la extinción de la acción penal en relación a los impuestos retenidos y cancelados individualizados como “Retenciones de SICORE”.
De este modo, se cierra el expediente que se abrió hace casi dos años por la maniobra detectada por los investigadores del organismo recaudador, con el sobreseimiento de los sospechados.
Fuente: UNO/Análisis
