El Gobierno Nacional implementó programas de asistencia con un amplio alcance para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Entre ellos se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que beneficiaron, en conjunto, al 22 por ciento de la población de la provincia entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.
El IFE fue el programa de mayor impacto. Unas 274.410 personas fueron beneficiarias de este programa en Entre Ríos, lo que equivale al 20 por ciento de la población y al 32 por ciento de la población económicamente activa, entre 18 y 65 años.
La cobertura es levemente superior al promedio nacional, que fue del 19,5 por ciento del total y el 31,6 por ciento de la población económicamente activa.
El IFE es liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está destinado a los sectores más vulnerables de la población para mitigar el efecto de la pandemia de COVID-19. Consiste en un bono de 10 mil pesos para las familias más afectadas, cuyo jefe o jefa de familia sea trabajador informal, monotributista social, monotributista de categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del programa Progresar.
Del total de los beneficiarios del IFE, 69 mil perciben además la AUH y 6 mil el Progresar. Esto significa que 75 mil beneficiarios —un cuarto de quienes cobran el IFE— tiene además otro beneficio del Estado. Del resto de los beneficiarios del IFE, 7 mil trabajan en el servicio doméstico, 30 mil son monotributistas y 163 mil son trabajadores informales, desempleados o inactivos laborales.
El programa ATP alcanzó a unos 32.200 empleados en relación de dependencia entre abril y mayo, lo que representa el 26 por ciento de los asalariados privados registrados de la provincial.
El ATP consiste en un subsidio estatal para cubrir un porcentaje del salario de los trabajadores privados formales de los sectores cuya actividad se vio afectada por la cuarentena impuesta para hacer frente al COVID-19. El tope del beneficio es de dos salarios mínimos.
Para dimensionar la incidencia del Estado en la inyección de flujo mensual en la economía se debe contabilizar, además de los programas sociales nacionales, los 138 mil empleados públicos y los 234 mil jubilados nacionales y provinciales. En total, unas 724.512 personas reciben un estipendio monetario del Estado cada mes, lo que representa al 69 por ciento de la población mayor de 18 años.
