El sindicato de los empleados de la Justicia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) había pedido la cobertura de cargos que han quedado vacante por corrimientos de personal administrativo a puestos de mayor envergadura. Como en esa nueva función están en calidad de suplentes -con mejores ingresos- mantienen el cargo del que son titulares, y no liberan el puesto para que se pueda nombrar a otra personal.
Los judiciales habían puesto el acento en lo que ocurre en la Procuración, en la Defensoría y también en el propio STJ o en las secretarías de los distintos juzgados y hasta en las Oficinas de Gestión de Audiencias (OGA), que dependen del alto cuerpo. Pero la acordada del máximo organismo judicial sólo alcanza a los dos ministerio públicos, y de ese modo reedita una guerra de guerrillas que no concluye y que tuvo su pico de máxima tensión cuando se pidió, en 2022, el desalojo de oficinas propias del Poder Judicial.
Entonces, la decisión del STJ quedó contenida en el Acuerdo General del 2 de agosto del año último a través del cual se dispuso “hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber: las instalaciones de la Procuración General (2° piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba –planta baja- y cualquier otra que existiere, antes del 31.08.22, encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”.
La sangre, al final, no llegó al río y el desalojo quedó en suspenso mas no la inquina entre el STJ y la Procuración.
El acuerdo Nº 8/23 del STJ, fechado el 25 de abril último, “dispuso otorgar licencia –por cargo de mayor jerarquía o sin goce de sueldo, según corresponda- a las y los agentes titulares en la carrera administrativa en órganos jurisdiccionales o técnicos que se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, a partir de su designación y hasta 30 días posteriores a la notificación de la presente. Asimismo ordenó el reintegro de las y los agentes que se encuentren en la situación referida ut suprea a los 30 días de su notificación”.
En la Procuración, los alcanzados por esa medida, según un primer listado que empezó a circular en Tribunales, serían la fiscal auxiliar María Delia Ramírez Carponi, que deberá volver a ocupar su cargo de delegada judicial; María Elizabeth Bordin, con cargo titular de secretaria en el STJ, que actualmente cumple funciones en la Secretaría de la Procuración General; y José María Leston, secretario de Primera Instancia, que cumple funciones en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.
En la Procuración entienden que la medida es parte de las disputas internas del Poder Judicial, y le restan importancia. «Es miseria pura -dicen, con algo de desdén-. A nosotros no nos preocupa pues los tres son excelentes funcionarios y mantendrán los cargos que tienen. Nosotros elegimos a los mejores así que se quedan aquí. Que el STJ haga lo que se le antoje. No nos interesa».
En realidad, la situación es más compleja: los empleados administrativos que ocupan cargos de mayor función en los Ministerios Públicos no liberan sus cargos en los que son titulares. Ergo, para cubrir su función administrativa deben acudir a suplentes. La mayoría de los que están en los listados rehúsan cubrirlos porque pretenden funciones más estables. Así, ocurre lo que ahora es bastante habitual: ingresa personal que no responde a los parámetros que establece la legislación, por concurso.
Fuente: Entre Ríos Ahora
