El "Sueño Entrerriano" es una pesadilla para sus protagonistas, especialmente para Sergio Urribarri.

Después de un trámite extenso -empezó el 30 de agosto, concluyó este viernes, luego de cuatro audiencias sucesivas-, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola no hizo lugar a los pedidos de sobreseimiento, rechazó las impugnaciones y nulidades y decidió remitir a juicio oral la megacausa del Sueño Entrerriano.

Se trata de una investigación penal en la que se reprochan los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública al exgobernador Sergio Urribarri, a los exministros de Cultura, Pedro Báez; y de Turismo, Hugo Marsó; y, entre otros, al cuñado Juan Pablo Aguilera.

No obstante, el magistrado dejó la puerta abierta para una eventual nueva estrategia de los abogados defensores: el recurso de queja ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones. Bonazzola ya había resuelto la elevación de la causa a juicio, pero esa decisión había sido apelada, aunque en la audiencia de este viernes el magistrado dio por zanjada la discusión. Confirmó la resolución de remisión a juicio y refrendó el rechazo al pedido de sobreseimiento de los imputados. “Me pronuncio por declarar inadmisible dichos recursos”, señaló.

La causa megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes:
- La investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia 14 millones de pesos;

- La contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de 27 millones de pesos; y

- La contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos 4 millones de pesos.

La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

En diciembre pasado la Fiscalía unificó las investigaciones y pidió la elevación a juicio de todos los imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública. Pero aún esa audiencia no se realizó, ya que resta que se resuelva el recurso de falta de acción interpuesta por los defensores.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso; y la contadora Corina Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Caruso, 4 años de prisión.

Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Rechazo
En la primera audiencia, el 30 de agosto, los defensores hicieron oir sus reproches a la investigación.

Entonces participaron los fiscales Cecilia Goyeneche, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, y los defensores José Pérez y Raúl Barrandeguy, que representan al exgobernador Urribarri; Ignacio Díaz, representante de Pedro Báez; Marcos Rodríguez Allende, que ejerce la defensa de Aguilera; Guillermo Vartoreli, en representación de Hugo Céspedes, Gustavo Tórtul y Corina Cargnel; y Emilio Fouces, que defiende a Hugo Marsó y Gerardo Caruso.

El primero en plantear el sobreseimiento de los imputados fue Barandeguy. “Dejamos planteada como primera razón para pedir el sobreseimiento esta cuestión de que es absolutamente imposible sustraer nada de un presupuesto”, argumentó. Ignacio Díaz habló de los pronunciamientos de los distintos organismos de control, Tribunal de Cuentas, Contaduría, Fiscalía de Estado, que, a su criterio, no presentaron ninguna objeción a las contrataciones. “Acá no están imputados los responsables únicos que aprobaron el gasto. Ni se los ha llamado. No es relevarlos de esa responsabilidad, haciendo recaer en el gobernador y en el ministro todo el peso. Estos especialistas en la materia dijeron que el gasto estaba bien”, postuló.

Candelario Pérez reprochó el texto de la imputación del Ministerio Público Fiscal y dijo: “La imputación que se hace no merece el menor análisis. Acá no hay ningún tipo de perjuicio. Es una creación artificiosa que no se concreta. Es una creación ficcional esta atribución penal y por lo tanto debe haber un error en el acusador”, planteó.

Guillermo Vartorelli pidió que se anule la imputación por cuanto, consideró, “no es clara la imputación del hecho”.

“¿Debo defender a mis clientes de todo lo que hicieron desde que asumieron? No está claro qué se les imputa”, subrayó. “Pido la nulidad porque no se puede sostener esta imputación”, señaló.

Emilio Fouces se pronunció en el mismo sentido y no vio “ninguna conducta reprochable” en sus defendidos. Y por eso pidió el sobreseimiento para ellos.

Al final, Marcos Rodríguez Allende se sumó al planteo de Vartorelli, y entendió que es poco clara la imputación y por eso reclamó la nulidad del pedido de remisión a juicio de la causa.

El trámite continuó el 6 de septiembre, una extensa jornada en la que el juez Bonazzola decide remitir la causa a juicio en medio de fuertes cuestionamientos de los defensores.

Uno de los más férreos opositores de la remisión de la causa a juicio es el defensor de Urribarri, Raúl Barrandeguy -hizo reserva del caso federal- que ha puesto en tela de juicio los informes realizados por los peritos del Ministerio Público Fiscal por su falta de independencia en esta causa.

Barrandeguy explicó que impugnaron dos pruebas ofrecidas por la Fiscalía para incorporar en el juicio. Por un lado, los informes de las empresas telefónicas de los imputados; y por otro, los informes informáticos de un perito. A su entender ambas pruebas son usadas “de forma exagerada” por la Fiscalía.

“Respecto de los informes telefónicos, hemos planteado la defensa de la intimidad. Este tipo de intromisión en la intimidad solamente la puede resolver un juez y en este caso lo han resuelto algunos agentes de la Fiscalía. No ha sido el juez natural el que resolvió el levantamiento de la trabas a la intimidad”, aseveró.

En esa línea, también manifestó que existe una violación a las disposiciones del Código Procesal Penal “que dice que las pericias se encargan a peritos del Superior Tribunal, no a empelados dependientes del Ministerio Público Fiscal”.

En ese marco, refirió que el abogado Guillermo Vartorelli “propuso una pericia informática y la Fiscalía se ha opuesto extrañamente”. “Traen pericia en cantidad realizada por personal dependiente y cuando se trata de hacer una pericia con todas las de la ley, se oponen”, cuestionó.

“Por otro lado, -puntualizó enseguida- cuando se disponen las pericias las defensas tenemos el derecho de proponer un perito contralor, para que vigile y examine como procede este perito que sería oficial. Además tenemos la posibilidad de plantear nuestros propios puntos de pericia, cosa que fueron eludidos con estos informes periciales”.

Barrandeguy refirió que esperan que el juez Bonazzola “no admita este tipo de prueba que son gravemente violatorio del derecho de defensa” y adelantó que en caso de una resolución en contra “tenemos el derecho que esto lo revise un Tribunal de Apelaciones”.

Al finalizar, aseguró que los hechos que se le endilgan a Urribarri “no se probaron” y que “el Ministerio Público Fiscal no está en condiciones de llevar a juicio esta causa, porque no tiene argumentos. Ante un juez imparcial, el Ministerio Público Fiscal va a pasar un momento difícil”.

Los planteos fueron escuchados durante las audiencias del lunes 9 -por la mañana y por la tarde- y, luego de un cuarto intermedio el tema quedó resuelto este viernes: la decisión de remitir la causa a juicio.

Fuente: Entre Ríos Ahora
Justicia A juicio
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