El expediente que lleva como imputados al ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri; al legislador provincial y ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y a su supuesto testaferro, Germán Buffa, entró en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

Aunque todavía no puede precisarse la fecha en la cual se realizará el debate. Se trata del primer legajo judicial por supuesto manejo irregular de publicidades, una denuncia que impulsó el entonces diputado nacional radical, Jorge D’Agostino.

Esta causa tramitó por el Código Procesal Penal viejo y, a mediados de 2018 fue elevada a juicio sólo para el empresario Germán Buffa, atendiendo que tanto Urribarri como Báez tienen inmunidad parlamentaria. Pero un tribunal de alzada revocó esa decisión, por lo cual la elevación a debate debió realizarse con los tres acusados.

El tribunal que deberá conducir la audiencia estará compuesto por los jueces Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Gervasio Labriola. Aún no se fijó fecha para la audiencia de debate, porque el expediente recién entró a la OGA. Este paso administrativo es previo al juicio, al cual deberán asistir los tres imputados.

La última novedad sobre esta causa fue la revocación de la elevación a juicio del juez de Garantías Gustavo Maldonado, porque ese trámite sólo se había completado con Buffa y había excluido a Urribarri y Báez por los fueros parlamentarios. La elevación a juicio por segunda vez, con los tres imputados, se dio los primeros días de febrero y el expediente busca ahora que se designe tribunal.

En la resolución de revocación de la primera elevación a juicio, el tribunal dijo que la inmunidad de los legisladores prohíbe su detención, pero no impide que pueda iniciarse una causa penal en su contra, tramitarse e incluso avanzar hasta su total conclusión, publicó en octubre pasado el sitio Página Judicial.

La medida se dispuso porque el juez de instrucción había decidido excluir del debate oral y público al ex gobernador Sergio Urribarri y al ex ministro Pedro Ángel Báez, ya que ambos tienen fueros por su condición de diputados provinciales.

En la causa se investigó a los diputados Urribarri y Báez, porque habrían direccionado hacia la empresa Global Means SA, que presidía Germán Buffa, la contratación directa de dos avisos publicitarios, que debían publicarse en los meses de agosto y septiembre de 2011 en el periódico Diario Agroempresario, y por los cuales se pagaron 118 mil pesos.

Los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano consideran que para concretar la contratación se sortearon los mecanismos legales vigentes, pactando con una empresa que al emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, no estaba inscripta en el registro provincial de medios ni cumplía con los requisitos para estarlo, entre otras irregularidades.

Urribarri, Báez y Buffa están acusados por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que prevé penas de 1 a 6 años de cárcel.

Esa resolución del tribunal respecto de la elevación a juicio desmembrada y los fueros parlamentarios, refiere a la “inmunidad de opinión” y la “inmunidad de arresto”. Sobre esta última, explicó que “es solamente exención de detención o privación de la libertad corporal, no impide que pueda iniciarse contra un legislador una causa penal y tramitarse, en tanto no se afecte su libertad corporal ni se dispongan medidas de coerción procesal” e incluso avanzar “hasta su total conclusión”, lo que supone que hasta podría celebrarse el juicio si es que Urribarri y Báez decidieran sentarse en el banquillo de los acusados, con sus fueros. De hecho, el tribunal sostiene que “no existe obstáculo procesal alguno” para que ello ocurra.

Fuente: Análisis Digital
Justicia Causa por presunta corrupción Política

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