Caminera Ibicuy: procesan a jefes policiales y mecánicos por el desguace de autos secuestrados
El juez federal Federico Martín procesó, sin prisión preventiva, a seis personas por su participación en una maniobra de desguace de vehículos secuestrados que operaba dentro del Puesto Caminero Zárate-Brazo Largo, en Ibicuy.
Entre los imputados figuran dos mandos policiales de Entre Ríos y una red de mecánicos bonaerenses que operaba como brazo ejecutor del esquema.
La causa se originó de manera indirecta: unas intervenciones telefónicas dispuestas para investigar un presunto vínculo entre un narcotraficante y personal del puesto caminero terminaron revelando un delito distinto.
Los pinchazos apuntaban al comisario principal Cristian Omar Villanueva, jefe del retén, pero descartaron el tráfico de drogas y, en cambio, permitieron a la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de Gendarmería Nacional detectar una trama de corrupción interna.
El esquema del desguace
De acuerdo con la investigación, Villanueva y el oficial Joaquín Exequiel Migueles habilitaban el ingreso irrestricto de mecánicos externos al predio judicial para desarmar autos que estaban bajo secuestro de la Justicia federal y provincial.
Las pericias sobre los depósitos confirmaron faltantes en al menos 50 vehículos: baterías, alternadores, computadoras BSI, neumáticos, ruedas de auxilio, carburadores, faros y tableros completos.
La red de mecánicos estaba integrada por tres bonaerenses de un mismo grupo familiar —Franco Nicolás Oliveri, su padre y su hermano, ambos llamados Carlos Alberto Oliveri— y por Eduardo Guillermo Favaretto. Todos ellos tenían talleres privados en Malvinas Argentinas y en Pilar, que usaban el predio judicial como fuente de repuestos para reparar autos de clientes particulares, arreglar móviles policiales o cumplir pedidos puntuales. A cambio, le pagaban a Villanueva en efectivo o por transferencia.
Venta de datos a aseguradoras
La causa también expuso un segundo negocio: el comisario retirado de la Policía Federal Juan Francisco Leloutre y su hijo, el abogado Juan Matías Leloutre Freijo, le pagaban a Villanueva y a Migueles por información privilegiada sobre autos robados que podían ser recuperados para compañías de seguros o particulares.
El dinero se depositaba habitualmente en la cuenta de la esposa de Villanueva. Según la investigación, los jefes policiales también atendían pedidos para evitar controles de tránsito, perdonar multas o liberar camiones sin la documentación en regla.
La Justicia procesó por peculado a Villanueva y Migueles, y como partícipes necesarios a Favaretto y a la familia Oliveri, con un embargo de $100.000 sobre los bienes de cada uno.
En la misma causa, el juez sobreseyó al comisario mayor Marcelo Horacio Gómez, al comisario general (R) Gustavo Luis Ramón Palacios, al comisario Luis Alberto Báez —jefe departamental de Gualeguaychú— y a los oficiales Eriberto Juan Carlos Piter, Claudio Daniel Mujica y Luis Armando Zabala.
Un arsenal encontrado por accidente
La pesquisa por el desguace derivó en una causa paralela: durante los allanamientos a la familia Oliveri, Gendarmería encontró un arsenal de armas sin registrar. Los sospechosos usaban lenguaje en código —llamaban "perros" o "caniches" a las armas— para coordinar su provisión.
El 23 de noviembre de 2023, en un operativo en Ingeniero Adolfo Sourdeaux (Malvinas Argentinas), se secuestraron 21 armas de fuego, 369 cartuchos y un proyectil antiaéreo de 40 mm desactivado, además de dos chalecos antibalas con placas de Kevlar. Trece armas estaban ocultas detrás de un ropero y dentro de un mueble en el dormitorio; otras ocho colgaban como adorno en la cocina.
Las pericias redujeron el cargo: cinco armas no eran aptas para disparar por su estado, y cuatro estaban legalmente registradas a nombre de los hijos, ambos Legítimos Usuarios ante la ANMAC y en formación como mecánicos armeros. Descontado ese total, quedó un remanente de 12 armas sin autorización, un número que no alcanza para la figura de acopio y derivó en una imputación de tenencia simple.
El padre, de 79 años, dijo que buena parte de las piezas eran antiguas, regaladas o heredadas; sus hijos lo describieron como un "acumulador compulsivo" de objetos antiguos y justificaron los chalecos por su trabajo nocturno.
El juez dictó su libertad inmediata —con arraigo de más de 50 años en la zona y sin antecedentes penales— pero les fijó reglas de conducta: prohibición de salida del país y abstención de alcohol y drogas. Además, se trabó un embargo de $70.000 sobre los bienes de cada uno por tenencia de armas de uso civil sin autorización.
Fuente: Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral)
