Una de sus virtudes principales es la composici贸n equilibrada y diversificada. El proyecto de ley plantea, precisamente, modificar esa composici贸n para aumentar de uno a tres el n煤mero de representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
La norma vigente establece que el Consejo de la Magistratura est谩 conformado por 11 miembros: uno por el Poder Ejecutivo, que es el presidente del 贸rgano; dos por la Asociaci贸n de la Magistratura y la Funci贸n Judicial; dos por el Colegio de Abogados de Entre R铆os; uno por la Asociaci贸n Judicial de Entre R铆os; dos por representantes la sociedad civil; y tres por el 谩mbito acad茅mico. Los cambios propuestos por el proyecto de ley alterar铆an el equilibrio actual en la selecci贸n de los jueces.
Vale aclarar que el Consejo de la Magistratura, como 贸rgano asesor, eval煤a a los postulantes y define una terna, pero el Ejecutivo tiene la facultad de elegir cu谩l de los tres candidatos elevar谩 a consideraci贸n del Senado provincial para su designaci贸n. Adem谩s, en caso de empate en una votaci贸n del Consejo de la Magistratura, el presidente, designado por el Ejecutivo, debe desempatar.
Un segundo aspecto controvertido del proyecto de ley "afecta a los miembros del 谩mbito acad茅mico. En la actualidad est谩n representadas tres universidades que tienen Facultades de Derecho: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Cat贸lica Argentina (UCA) y la Universidad de Concepci贸n del Uruguay (UCU). La reforma plantea que al menos dos de los tres miembros deber铆an representar a universidades p煤blicas con domicilio real en Entre R铆os".
Esta modificaci贸n generar铆a un problema: no hay universidades p煤blicas con facultades de derecho en la provincia. Como soluci贸n, el proyecto habilita como representantes a quienes sean docentes que dictan c谩tedras sobre asuntos legales en facultades no especializadas en derecho. Un criterio claramente desatinado ya que podr铆a empobrecer el nivel de debate en el Consejo. Con respecto a este punto, queremos subrayar el aporte de la UNL, que fue la primera universidad de derecho en la regi贸n y donde se han formado muchos de los juristas m谩s prestigiosos de Entre R铆os.
Por 煤ltimo, el proyecto propone la ampliaci贸n de causales de excusaci贸n para miembros del jurado y la creaci贸n de un banco de casos para ser evaluados en los ex谩menes. Dos ideas que podr铆an implementarse adecuando el reglamento del Consejo de la Magistratura, sin modificar ninguna ley.
A pesar de que la sociedad civil est谩 representada el Consejo de la Magistratura, este sector fue el 煤nico al que no convoc贸 la Comisi贸n de Asuntos Constitucionales de la C谩mara de Diputados de Entre R铆os cuando comenz贸 a debatir el proyecto de ley. Consideramos que fue una omisi贸n grave. Justamente, la representaci贸n de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura es una de sus fortalezas, ya que le brinda un car谩cter democr谩tico, transparente y equilibrado.
La Asamblea de Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura de Entre R铆os public贸 un comunicado en el que rechaza el proyecto de reforma. Las organizaciones econ贸micas, industriales y rurales apoyaron el comunicado de la asamblea y coinciden en que el Consejo de la Magistratura es un 贸rgano que funciona correctamente. Lo que funciona no deber铆a cambiarse.
Cuando desde diferentes sectores se imputa injerencia de presiones pol铆tico partidarias en los Poderes Judiciales Nacional y provinciales, deben extremarse los recursos tendientes a que la designaci贸n de jueces y funcionarios judiciales solo est茅 orientado por el prop贸sito constitucional de “afianzar la justicia”.