La intenci贸n es que la Justicia los haga responsables por los “da帽os futuros” que, a entender de los demandantes, ocasionar谩 el “contrato” firmado a fines de 2017 y en el que el Estado asume el compromiso de cumplir determinadas condiciones para que la firma concrete la inversi贸n.
As铆 lo explic贸 a ECOS el abogado Hoenir Sarthou, apuntando que como paso previo ser谩 citada una audiencia de conciliaci贸n.
La demanda se basa en la violaci贸n a la Constituci贸n que implican los t茅rminos asumidos por el gobierno y los perjuicios medioambientales y econ贸micos que derivar谩n de su cumplimiento, entre otros aspectos.
Aunque no se mostr贸 optimista en cuanto a obtener el fallo que se desea, Sarthou expres贸 que el juicio permitir谩 exponer, probar y difundir las “aberraciones jur铆dicas, econ贸micas, ambientales y culturales” del contrato, y la “lamentable complicidad” entre el Poder Ejecutivo y UPM.
El Movimiento UPM2 No aguarda en tanto ser citado a la Comisi贸n de Constituci贸n y C贸digos de Diputados en torno a la denuncia que present贸 el a帽o pasado por la “inconstitucionalidad” del acuerdo firmado con UPM.
All铆 se pide que la C谩mara enjuicie pol铆ticamente a los funcionarios que suscribieron el contrato con la multinacional. Una acci贸n que para Sarthou ser铆a posible “si el Parlamento tuviera el coraje y la voluntad de cumplir con su deber”, aunque “resulta evidente” que eso no va a ocurrir, al menos en esta Legislatura.