El monto se basa en el informe pericial realizado por la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y el perito de parte, el contador Cristián Dumé, que presentaron un extenso informe sobre los contratos investigados.
El documento cuenta con un extenso detalle –de más de 250 páginas–, en los que se establecen montos de contratos, duración y, por supuesto, identidad de cada beneficiario. En el trabajo, el perito oficial del STJ responde algunos de los “puntos de pericia” solicitados por la Fiscalía y los defensores. Uno de los principales ítems era, precisamente, que se establezca el monto económico de los contratos cuestionados.
Al respecto, se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciende a $372.924.249. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.
En el informe contable se calculó que en el Senado se realizaron contratos por una suma total de $208.940.739; y en Diputados por $163.983.510.
Sobre esos números, y no sobre el cálculo que hizo el contador Héctor Enrique, perito del Ministerio Público Fiscal, se basa la demanda de Fiscalía de Estado.
“Contratos truchos”
En el escrito que firma el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se plantea: “Con relación a la plataforma fáctica, esta Fiscalía de Estado comparte la tesis planteada por el Ministerio Público Fiscal, habida cuenta que el requerimiento de elevación a juicio relata la génesis y modalidades mediante las cuales se consumó el perjuicio al erario entrerriano, dado por la aparente celebración de contratos de obra”.Luego, señalan que en el lapso transcurrido entre enero de 2008 y hasta septiembre de 2018 inclusive, en el seno de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos se celebraron alrededor de 770 ‘contratos’ que, bajo apariencia de legalidad, tuvieron como único propósito el desvío, sustracción y/o detracción de los fondos que estaban destinados a atender dichas contrataciones.
En la Cámara de Senadores, las maniobras responden a la totalidad del período, mientras que en la Cámara de Diputados principiaron en diciembre de 2011 y verifican igual fecha de finalización que en su recinto hermano. Como nota común y paradigmática de esos ‘negocios jurídicos’, se impone subrayar una palmaria falta de relación entre su celebración y la satisfacción de fines propios del Estado. La ‘contratación’ fue concebida y dinamizada para detraer fondos públicos en favor de terceros o en pos de satisfacer objetivos que en nada pueden asociarse a los designios de la provincia”.
La demanda alcanza a 29 de los 32 imputados en la remisión de la causa a juicio por parte del Ministerio Público Fiscal: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Roberto Faure, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, Fernando Sarnaglia, María Jazmín Mena Gioveni, María Macarena Álvarez, Andrea Demartín, Sergio Cardoso, Alejandro Almada, Diego Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Opromolla, Guido Krapp, Renato Mansilla, Jorge De Breuil, Héctor Falco, Nicolás Beber, Jorge Pablo Balladares, José Javier Schneider y Viviana Mena Gioveni.
El resto está incluido en un segundo escrito, que firma el fiscal adjunto Sebastián Trinadori. “La acción se dirige contra todos aquellos que –en distintas medidas, siempre decisivas– han contribuido a perpetrar el daño señalado, y que resultan procesados en la causa penal que nos convoca”, dice Trinadori.
El listado de los demandados es más breve e incluye al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, el funcionario del Senado Juan Pablo Aguilera; el actual vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Juan Domingo Orabona; y el contador Jorge Fabián Lázzaro.
La investigación penal de los contratos en la Legislatura, sin embargo, tropieza con un pleito por competencia. La jueza de Garantías Marina Barbagelata se declaró competente frente a una resolución del juez federal de Paraná Daniel Alonso que reclamó para sí el expediente. Frente a ese dilema, el caso fue derivado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva el entredicho.
Fuente: Entre Ríos Ahora
